El Banco de España ha comunicado oficialmente el inicio del procedimiento administrativo sobre la inhabilitación o no de Alfredo Sáenz como vicepresidente segundo y consejero delegado del Banco Santander, el primer grupo financiero del país. El supervisor lo ha hecho porque no tiene más remedio. Y lo deja muy claro: el trámite se ha iniciado «de acuerdo los trámites necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 1245/95 de 14 de julio, en relación con la sentencia de 20 de febrero de 2013 del Supremo sobre el alcance del Real Decreto 1761/2011 del 25 de noviembre por el que se indultó a Alfredo Sáenz Abad«.

El Tribunal Supremo decidió el 12 de febrero anular los efectos administrativos del indulto que le concedió a Alfredo Sáenz, condenado en un polémico y tortuoso proceso sobre un caso que se remonta a 20años, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que se refieren a la anulación de los antecedentes penales por la condena por “denuncia falsa”.

Sáenz fue condenado en 2009 por la Audiencia Provincial de Barcelona a seis meses de cárcel y multa de 9.000 euros por delitos de “acusación y denuncia falsa” cometidos supuestamente en 1993 cuando era presidente de Banesto. Este banco, intervenido por el Banco de España, inició un proceso de recuperación de una deuda de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros) de tres clientes: Pedro Olabarría, Modesto González y José Ignacio Romero. Los tres fueron condenados y encarcelados por el polémico juez Pascual Estevill, posteriormente inhabilitado. Junto a Sáenz, fueron condenados en el caso el entonces responsable de Banesto en Cataluña, Miguel Ángel Calama (que decidió dejar la dirección general de Globalcaja), y el asesor jurídico de la entidad, Rafael Jiménez de Parga Cabrera.

En marzo de 2011, el Tribunal Supremo rebajó la pena a tres meses de arresto y a la suspensión, por el mismo tiempo, como banquero. Esta condena en firme implicaba la inscripción de Sáenz en el Registro de Penados y, al contar con antecedentes penales, se pierde la “honorabilidad” que exige el Banco de España para permanecer en el Registro de Bancos y Banqueros, condición indispensable para ser ejecutivo o consejero en una entidad financiera.

Previo informe favorable del ministerio fiscal, el Gobierno en funciones, presidido por Zapatero y con Francisco Caamaño como ministro de Justicia, aprobó en Consejo de Ministros, y en contra de la opinión del Supremo (que entendía que no se daban “razones de justicia y equidad”), el indulto a Alfredo Sáenz el 25 de noviembre de 2011. El indulto eliminaba los antecedentes penales y, por tanto, Sáenz podía seguir en su puesto en el Santander. Pero esa eliminación de los antecedentes penales es precisamente lo que anula el Supremo, al fallar que el Gobierno de Zapatero incurrió en una “clara extralimitación” al hacerlo.

Entonces, vuelta a empezar, aunque con dos circunstancias que son clave. Por una parte, el recurso de Alfredo Sáenz al Tribunal Constitucional por su condena. Por otra, el Gobierno de Rajoy inició una reforma para incorporar a la legislación española unas normas comunitarias que no obligan a cesar a un ejecutivo de un banco en caso de ser imputado o condenado, y que faculta al Banco de España a decidir si esas condiciones afectan o no a la honorabilidad para ser banquero. Esa norma ya ha pasado el preceptivo trámite del Consejo de Estado, con su visto bueno, y está pendiente de aprobación en Consejo de Ministros.

 

Sáenz recurrirá

El Banco de España ya ha comunicado a Sáenz el inicio del procedimiento administrativo, y el consejero delegado del Banco Santander tiene un «plazo no inferior a diez días ni superior a quince» para»alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes«.

Y Sáenz presentará las «oportunas alegaciones» ante el Banco de España. Entre sus argumentos, que el consejero delegado del Santander cumple “perfectamente” los requisitos de idoneidad fijado por la European Banking Authority (EBA), el organismo europeo de supervisión de los bancos. Son esos requisitos los que se transponen a la norma que tiene a punto de aprobar el Gobierno de Rajoy.

Otra línea argumental es que el indulto “sigue vigente”, ya que el Tribunal Supremo solamente ha anulado los efectos administrativos en cuanto a borrado de los antecedentes penales. Y que se ha presentado un incidente de nulidad sobre esa decisión del Supremo.

Por tanto, se pedirá al Banco de España que suspenda el procedimiento administrativo que acaba de iniciar hasta que el Supremo se pronuncie sobre el incidente de nulidad planteado por Alfredo Saénz.

Y queda otro paso: Saénz recurrirá al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo «por infracción del derecho de igualdad y del derecho a tutela judicial efectiva”. Por lo que el Banco de España debería esperar a la decisión del Constitucional.

 

El supervisor quiere estabilidad en el primer grupo financiero

Como no puede ser de otra manera, el Banco de España tiene que cumplir, y hacer cumplir, las leyes vigentes. Pero en el supervisor tienen claro que lo más adecuado es ganar tiempo a que entre en vigor la norma del Gobierno, que adapta normativa europea, y a que el Supremo se pronuncie sobre el incidente de nulidad. Incluso, espera a que haya un fallo al respecto del Tribunal Constitucional.

Porque lo que no quiere es que, en plena crisis financiera internacional y en la situación que vive la banca española, haya factores que puedan desestabilizar el Banco Santander, el mayor grupo financiero del país. Y que provoquen que no se haga con calma, sin prisas aunque sin pausa, el proceso sucesorio del presidente Emilio Botín, que implicará previsiblemente la retirada de Sáenz como consejero delegado.