Según datos del último mes de febrero publicados por varias empresas especializadas, en lo que va de año 2013 los concursos de acreedores han aumentado en España en torno a un 60% o 70%, con respecto al año pasado. Las empresas más afectadas, y que se han visto más obligadas a acogerse a la Ley Concursal, pertenecen a los sectores inmobiliario, hostelería y de la construcción, precisamente aquellas actividades que más empleo y riqueza generaban en nuestro país antes de que estallara la crisis.

La Ley Concursal, en su actual redacción, no está contribuyendo a solucionar el problema de la desaparición de empresas y de la destrucción de empleo en España. Según los últimos datos publicados, casi el 100% de las empresas que se declaran en concurso de acreedores acaban por extinguirse. Y aunque la Exposición de Motivos de la citada ley dispone que el objeto del concurso no sea el saneamiento de empresas, también establece que “un convenio de continuación puede ser instrumento para salvar las que se consideren total o parcialmente viables, en beneficio no sólo de los acreedores, sino del propio concursado, de los trabajadores, y también de otros intereses”.

Por desgracia, ocurre en la actualidad que una vez abierto el proceso concursal la empresa declarada en concurso normalmente acaba por desparecer, por lo que la mayoría de sus acreedores nunca llegan a cobrar sus créditos y muchos trabajadores se quedan sin empleo. Este es, en la práctica, el resultado de la Ley Concursal, que está demostrando ser poco efectiva de cara a los intereses de muchos de los afectados por una situación de insolvencia, y por tanto, también para la economía de nuestro país.

No dudo que cuando se redactó la Ley Concursal, el legislador, además de dar solución a los problemas que padecía nuestra arcaica legislación anterior, buscó crear una norma capaz de satisfacer los muchos intereses que la ley pretende proteger. Pero, pasados casi nueve años de su entrada en vigor, la realidad es que la actual Ley Concursal no está siendo capaz de satisfacer tales intereses, ni de dar solución a los problemas que a una empresa declarada en concurso deja tras de sí. De hecho, tras su entrada en vigor, la norma ha sufrido ya más de una reforma, y el Gobierno actual ha planteado estos días la creación de un concurso de acreedores para personas físicas y pymes, cuyo proceso sea más flexible, sencillo, ágil, y barato. Por algo será.

Dado que la norma es relativamente joven, tal vez sea prematuro hablar de fracaso de la Ley Concursal. Pero atendiendo a sus resultados, a su aplicación práctica, mi conclusión es esa. España no se puede permitir tener una Ley Concursal que no es capaz de solucionar los problemas que una empresa declarada en insolvencia arrastra tras de sí. Mucho menos se puede permitir, dado el actual quebranto económico de nuestro país, que la mayoría de las empresas declaradas en concurso no logren sobrevivir, dejando a gran parte de sus acreedores sin cobrar sus créditos, y a sus empleados en situación de paro, pues todo ello conduce, a su vez, y por razones obvias, a la desaparición de otras muchas empresas y a la destrucción de otros muchos puestos de trabajo.

Es sólo una reflexión, pero la Ley Concursal debería estar más enfocada a lograr que las empresas puedan continuar su actividad y evitar que desaparezcan. De esa forma, existen más posibilidades de que los acreedores puedan cobrar sus créditos y los trabajadores puedan conservar sus puestos de trabajo. Tal y como está configurada la actual Ley Concursal, y a los datos me remito, casi ninguno de los intereses protegidos por la ley quedan satisfechos, y lo cierto es que sin empresas no puede existir pleno empleo ni crecimiento económico para España.

Javier Cárdenes Suárez es abogado del Departamento de Empresa de Lagares Abogados, despacho asociado a Eurojuris España. Técnico superior en Administración y Finanzas, está especializado en Derecho Mercantil y Tributario.

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.- Leer en diarioabierto.es el artículo El 95% de las empresas que entran en concurso acaba en liquidación