La preocupación por el futuro de Pescanova, con problemas de liquidez hasta para hacer frente a los salarios, y con las negociaciones con las entidades financieras estancadas por la falta de datos fiables sobre la situación del grupo pesquero está provocando que algunas de las partes afectadas se movilicen. El nuevo aviso de la CNMV, que advierte que supervisará cualquier movimiento de la compañía y que éstos serán mirados con lupa por este organismo, es prueba que la gestión de la compañía puede dejar en breve de ser competencia de sus actuales gestores y de su consejo de administración. Este organismo no descarta enviar los posibles delitos en los quem hubiese incurrido la dirección de la empresa a la Fiscalía General del Estado.

Mientras las autoridades judiciales, que tramitan el concurso de acreedores voluntario al que se ha acogido el grupo, ultiman el nombramiento de los administradores concursales, algunos accionistas son partidarios de optar por el cambio del presidente actual, Manuel Fernández de Sousa, por una dirección de carácter empresarial, que debería contar con el visto bueno de los gestores legales de la suspensión de pagos. Es un tema que también ha reclamado la banca acreedora, por más que ahora en la práctica apenas funcione el steering commiittee, formado por las entidades con mayor volumen de deuda con la multinacional pesquera -Sabadell, Caixabank, Popular, NovacaixaGalicia, Bankia, Deutsche Bank y Royal Bank of Scotland-.

Sería una muestra de más normalidad en un proceso que no es corto, indican fuentes consultadas. No es previsible que la CNMV -que tiene opción a uno de los administradores- se oponga a esta medida, y más cuando se trata de sacar la empresa a flote junto con los derechos de sus accionistas. Los bancos, aunque su prioridad sea evitar fuertes quitas de deuda y provisiones, también quieren evitar la entrada en un proceso de liquidación, aunque nuevamente en este caso la banca extranjera mantiene posiciones más duras que las nacionales.

Todo sucede en un entorno marcado por las divergencias entre la deuda reconocida y auditada –1.550 millones a 31 de septiembre de 2012- y los cerca de 3.100 millones cifrados en la actualidad-, y con accionistas denunciando que tampoco tienen información sobre el destino de los ingresos obtenidos por la venta de filiales. Es una situación, se añade, que se precipita día a día, también en las posiciones exteriores del grupo.

En este contexto el titular de Agricultura, Miguel Arias Cañete ha señalado en el Senado que «el deseo del Gobierno es que la CNMV y el juzgado actúen con rapidez y se pueda poner en marcha los mecanismos necesarios para buscar un consenso con los bancos acreedores a través de una administración lo más racional posible». Añadió que el posible cambio del presidente no es competencia del Ejecutivo.