Cuando falta apenas un mes para que la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas entregue su informe al Gobierno, Aon y Zurich han impulsado la elaboración, por parte de la consultora Accenture, del informe de tendencias en el sector público, “Hacia un nuevo modelo de Administración Pública”. Desde dos planteamientos, como explica Pedro Tomey, director general de Relaciones Institucionales de Aon: el sector público equivale al 40% del PIB español y que su reforma es “ineludible”.

Vicente Cancio, director general de Global Corporate de Zurich, destaca que se trata de una propuesta “serena, alejada del ruido político, sensata”, centrada en la necesidad de suprimir duplicidades en las Administraciones Públicas. Eduardo Dávila, consejero delegado de Aon España y Portugal, pone el acento en la colaboración público-privada y en las oportunidades que se abren para las empresas con la reforma de la Administración.

Carlos Coll, director de Servicio Público de Accenture España, critica “la inercia de la Administración a la hora de hacer cambios”, y señala cinco tendencias:

1.-Transformación del Estado del Bienestar, con un Estado “incentivador e impulsor del nuevo sistema de pensiones”; más colaboración público-privada en prestaciones sanitarias, que sufrirán una “revisión de su cartera de servicios”, ya que el 60% del gasto farmacéutico se concentra en el 10% de la población; la búsqueda de nuevas fuentes de financiación de éstas (copago, externalización, leaseback de hospitales).

2.-Eliminación de duplicidades, con una homogeneización de servicios en función del tamaño de la población, una concentración en la contratación de servicios mínimos obligatorios, una unificación de contratos y el uso de centrales de compra.

3.-Contracción de los recursos públicos, que durará al menos hasta 2015. Esto implicará un ajuste de personal en la Administración, que, aunque se compara “bien” con otros `países adolece de un excesivo peso de empleados con funciones administrativas; también en el número de inmuebles (más de 50.000); y una reducción del sector público empresarial y fundacional.

4.-Transparencia, con un mayor control de las finanzas públicas españolas por parte de la Unión Europea.

5.-Sostenibilidad. El Estado tendrá que dar ejemplo en la eficiencia energética de sus instalaciones. Y habrá una mayor colaboración público-privada en la provisión de servicios públicos (agua, energía, transporte).

Coll pone el ejemplo de la Francia de Sarkozy: logró un ahorro de 11.900 millones de euros entre 2007 y 2012 mediante la racionalización de los gastos de transferencias, la disminución de los gastos administrativos, y haciendo que uno de cada dos empleados públicos que se jubilara no fuera sustituido. Y cree que “el consenso es importante, pero más urgente es empezar a trabajar ya en la reforma de la Administración”.

Reducir cargas burocráticas

María Ester Arizmendi, directora general de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica, admite que “siempre hay que estar reformando el Estado, como cualquier empresa” y que en esa tarea “queda mucho camino por recorrer”. Destaca, entre lo ya hecho, el pago a proveedores, que califica como “la mayor operación de refinanciación de la historia de España”, y la Ley de Estabilidad Financiera, que supone la exigencia de responsabilidad en la gestión pública cuando se gasta más de lo que se tiene.

La reforma local, “profundamente ambiciosa”, suprimirá competencias “impropias” que han sido asumidas por estas instituciones, que solamente podrán prestar los servicios que se puedan financiar con sus propios recursos. El Gobierno seguirá suprimiendo entes públicos y reduciendo las cargas administrativas. “La Administración es lenta, pero está comprometida con las reformas”, subraya.

La Comisión para la Reforma de la Administración, que deberá entregar su informe al Gobierno antes del 30 de junio, se centra en identificar duplicidades, para suprimirlas, y servicios comunes entre las instituciones, y también en reducir cargas administrativas y burocráticas a ciudadanos y empresas.