Los dos años más de plazo para cumplir el déficit público nos van a salir caros, muy caros. No sólo están intervenidos nuestros bancos. Está intervenida España por la señora Merkel y sus secuaces. Lo peor es que o Mariano Rajoy y sus superministros de Economía y de Hacienda no se han dado cuenta, o lo que aún es peor, nos mienten como bellacos.

Porque mientras el catedrático Montoro se pierde en explicaciones para asegurar que Bruselas no nos ha pedido subir el IVA, resulta que de rondón nos cuelan cambios tan sustanciales en el sistema impositivo y de pensiones, que si logramos alcanzar la edad de jubilados nos vamos a quedar en la más penosa de las miserias.

En la letra pequeña de las recomendaciones de Bruselas nos “sugieren” (mandan, para entendernos mejor) que se suprima o limite la desgravación fiscal por planes de pensiones privados. A ver quién es el “guapo” que podrá aportar a su plan de pensiones con la que está cayendo. No se trata de ser pesimistas, hasta la OCDE nos aventura en sus previsiones un 2014 con un 28% de los españoles en paro.

Pues bien, si sumamos a que podremos aportar muy poco o nada al plan de pensiones (al que lo pueda tener) a las previsiones de la comisión de expertos para reformar las pensiones, de que la prestación que recibiremos en 2030 será un 6% -como mínimo- inferior a la actual. Mal vamos.

Bruselas argumenta que tantas deducciones en nuestro sistema impositivo directo reduce la recaudación tributaria y distorsiona los números. En absoluto les preocupa que quede distorsionada la calidad de vida de los españoles y que no nos salgan las cuentas para llegar a final de mes. En este punto cabe pensar que lo que nos sale caro es pertenecer a la Unión Europea.

Pero el grado de intervención es tal, que dictan lo que se debe hacer en el impuesto de sociedades, se mete en lo que pagan a Hacienda las grandes, medianas y pequeñas empresas, y después de conseguir que se elimine la desgravación por compra de vivienda ahora piden que se revise toda la normativa fiscal de apoyo al alquiler de viviendas.

Y como no estaban contentos con lo que se había subido el IVA, “recomiendan” volver a subirlo a algunos productos que mantienen el tipo reducido, mientras pide nuevos incrementos a los impuestos indirectos que graban los carburantes y subir el impuesto de circulación a los vehículos que más contaminen. Y ya puestos, hasta elevar los tributos a vertederos, residuos y el precio del agua.

¿Qué papel de Bruselas ha leído Montoro para asegurar que Bruselas no nos ha puesto condiciones? ¿O es que nos vuelve a mentir como cuando dijo que no subiría impuestos, y nos subió IRPF e IVA, o eliminó las deducciones por vivienda, que primero había recuperado?

Pero en la letra pequeña no se quedan en los impuestos, las pensiones y la reforma laboral. También hay mandatos para otros departamentos del Gobierno, como el de Fomento, al que le pide que revise todos los proyectos de obras, abandone los no rentables y, en definitiva, reduzca la inversión pública en infraestructuras, una de las medidas que en otros tiempos era sinónimo de recuperación económica. Y por mandar, hasta dice que en lo que se debe invertir es en los corredores ferroviarios de mercancías mediterráneo y atlántico. Vamos que la política de infraestructuras del Gobierno la tira a la papelera.

Y al ministro de Industria, Comercio y Turismo también le “aconseja” eliminar las restricciones “por injustificadas” para la apertura de locales –para Bruselas la política autonómica sobre esta materia no cuenta-,  y reducir los plazos para la concesión de licencias.

Y para remate pide que se limite la responsabilidad personal de los empresarios cuyas empresas son insolventes, obviando las retribuciones, pago en especie o indemnizaciones que cobraron.

Esta es la letra pequeña de un país que está intervenido por Bruselas a lo grande.