A una semana de la presentación, por el Gobierno, a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados del informe sobre la previsión social complementaria elaborado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y tras la discusión generada por el comité de expertos sobre el factor de sostenibilidad en las pensiones, otras instituciones quieren realizar aportaciones al debate público. La Fundación Edad&Vida (entre sus promotores figuran aseguradoras, como Allianz, SantaLucía, Caser, DKV, SegurCaixa Adeslas, VidaCaixa o Zurich; empresas ligadas al sector sanitario, como Ballesol, Cogesa, Esteve, Eulen, Grup Soler, Grupo Amma, Sar Quavitae, entre otras) ha encargado, con el patrocinio de Zurich, el estudio “El reparto y la capitalización en las pensiones españolas” a los profesores del IESE Business School Antonio Argandoña, Javier Díaz Giménez, Julián Díaz-Saavedra y Beltrán Álvarez.

En la presentación, a la que acudió Miriam Blázquez, coordinadora de Proyectos de la Dirección General de Seguros, Antonio Argandoña dejó muy claro que “el sistema de pensiones públicas vigente en España no es sostenible” y que “su déficit es inevitable, aunque pueda disimularse”. Además, es “poco eficiente, no tiene mecanismos internos de ajuste, proyecta sus problemas sobre otros sectores de la sociedad y de la economía, las cotizaciones inciden en los costes laborales, la competitividad y la creación de empleo”.

El profesor del IESE reclama reformas estructurales, no retoques en sus parámetros, y echa de menos una “visión de conjunto”: “Lo ideal sería empezar de cero un nuevo Estado del Bienestar en España”. Y fija 12 elementos para esa gran reforma:

1.-criterios objetivos y públicos sobre la cuantía de las pensiones futuras: factor de sostenibilidad

2.-contributividad: las pensiones son la prolongación del salario

3.-flexibilidad: adaptar el sistema al cambio de circunstancias del trabajador

4.-progresividad: no debe desincentivar el trabajo

5.-diversificación en el Fondo de Reserva y con fondos privados

6.-portabilidad: la pensión debe viajar con el trabajador

7.-estabilidad: reglas establecidas a largo plazo

8.-transparencia: el trabajador debe saber cuál sería ahora su pensión

9.-devolver la responsabilidad a los beneficiarios: “no es una donación del Estado, sino un seguro que el trabajador ha ido constituyendo”

10.-equidad y cohesión social: la sociedad comparte los riesgos extraordinarios del beneficiario

11.-colaboración público-privada, con responsabilidades compartidas

y 12.-una transición que reconozca “los derechos ya adquiridos, protegiendo a los que ya no tienen posibilidad de cambiar sus opciones”.

Javier Díaz Giménez destaca que “nunca más vamos a ver superávits” en el sistema público de pensiones, por lo que es necesaria “una reforma estructural que garantice una pensión digna a los españoles”. Considera “digna” una tasa de sustitución del 60% del último salario. Y defiende una combinación entre el sistema de reparto, “una forma de diferir los salarios en el tiempo”, y el de capitalización, “una forma de sustituir rentas de trabajo por rentas de capital, de forma que el trabajador de hoy será el rentista del futuro”.

Fórmula mixta

El estudio cree que “de este modo se aprovecharían las ventajas de ambos sistemas, principalmente el menor coste del sistema de reparto ante el aumento de la longevidad, y la posibilidad que ofrecen los sistemas de capitalización para diversificar las fuentes de renta en la etapa de la jubilación”. El actual modelo debe transformarse en un sistema de reparto de aportación definida basado en cuentas nocionales (virtuales, en las que se recogen las aportaciones individuales de cada cotizante y los rendimientos ficticios que éstas generan a lo largo de la vida laboral), con una parte capitalizada canalizada a través de productos de previsión ocupacionales (promovidos por las empresas para sus trabajadores) y personales.

“El éxito de la reforma exige que el ciudadano tome conciencia de la necesidad de planificar el ahorro necesario para la jubilación”, señala el informe de la Fundación Edad&Vida. Para ello, debe mejorarse la información que recibe sobre el sistema de pensiones, sus riesgos, las aportaciones del trabajador y de la empresa (la nómina debe incluir información sobre las cotizaciones a la Seguridad Social de ambos), y sobre la cuantía de la pensión pública probable en el momento de la jubilación.

También propone fomentar la contratación de planes de pensiones por parte de las pymes, con la posibilidad de que éstas realicen aportaciones a los planes individuales de sus trabajadores sin tener que constituir uno de empleo; o crear un tipo de plan de pensiones simplificado para estas empresas.

Otras propuestas del estudio encargado por la Fundación Edad&Vida son:

1.-reducir las cotizaciones a la Seguridad Social de aquellas empresas que realicen aportaciones a instrumentos de previsión social complementaria

2.-facilitar el cobro voluntario de prestaciones de los sistemas de previsión social en forma de renta, mejorando el tratamiento fiscal de las rentas vitalicias

3.-introducior mecanismos de garantía para los ahorradores en estos productos

4.-recuperar la reducción fiscal del 40% en el IRPF para el cobro de la prestación en forma de capital y extenderla a la percepción en forma de renta

5.-establecer estímulos fiscales adicionales en el Impuesto sobre Sociedades para sistemas de previsión colectivos

6.-eliminar el peaje fiscal que sufre la percepción del ahorro en el momento de la jubilación, separando las aportaciones acumuladas (que tributarían al tipo general del IRPF) y los rendimientos, que lo harían como rentas del ahorro.

7.-separar los límites máximos de aportación con reducción en la base imponible para las aportaciones individuales y las contribuciones empresariales

8.-permitir realizar aportaciones sin límite manteniendo los topes fiscales

y 9.-ampliar el límite fiscal actual de las aportaciones en función de los años de ahorro, y actualizándolas en función del IPC.