Así lo expresó el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, durante su participación en la Comisión de Coordinación de comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia celebrada en Santander. En este encuentro se debatieron estos aspectos, además de otros como la gestión del
personal al servicio de la administración de Justicia, la demarcación judicial o la nueva regulación sobre asistencia jurídica gratuita.

Granados detalló que la crisis económica ha disparado el número de asuntos que tramitan los juzgados madrileños, que ya de por sí, contaban con una alta tasa de litigiosidad, sólo por debajo de Andalucía, a pesar de la diferencia entre la población y territorio entre ambas comunidades autónomas (229,4 asuntos por cada mil habitantes frente a la media
nacional, que se sitúa en los 204,7).

Tercera comunidad con mayor capacidad resolutiva
Recordó que esta carga de trabajo es muy superior a la del resto de España, con más de 1,4 millones de asuntos ingresados y una media de casos por juez de 2.348. A pesar de ello, es la tercera comunidad con mayor capacidad resolutiva, sólo superada por Andalucía y Cataluña.
Ante esta situación, Madrid cuenta con 9,8 jueces por cada 100.000 habitantes, una cifra que se sitúa muy por debajo de la media nacional (10,30), ocupando el número once entre todas las comunidades autónomas, por lo que “no existe correspondencia entre el número de asuntos, la elevada capacidad resolutiva y el número de jueces y magistrados con los que deberían estar dotados estos órganos judiciales”.
Por este motivo, y según se recoge en la propia memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Gobierno regional considera que son necesarios entre 135 y 150 nuevos jueces y magistrados, además de secretarios judiciales. Actualmente en Madrid trabajan 624 jueces en un total de 528 órganos judiciales (10,30 por cada 100.000 habitantes), pero
resulta un número claramente insuficiente a la vista de las cifras de aportadas, por la alta carga de trabajo.
En cuanto al resto de los temas tratados en el encuentro, sobre la gestión del personal, la Comunidad de Madrid está de acuerdo con el resto de comunidades en reclamar la gestión del personal no judicial al servicio de la administración de Justicia ya que, aunque asume los gastos del mismo, no puede gestionar convocatorias de selección o la relación de
puestos de trabajo, generándose una clara disfunción.

Madrid tramita más de 130.000 expedientes

En cuanto a la modificación de la ley de asistencia jurídica gratuita propuesta por el Ministerio de Justicia, Madrid recordó que el Gobierno regional tramita más de 130.000 expedientes, con un aumento en siete años del 90,7 por ciento y con un coste anual que supera los 58 millones de euros. Por este motivo, considera que hay que introducir la acreditación de insuficiencia de recursos para acceder a esta Justicia en todas las jurisdicciones, además de reclamar al Estado recursos económicos que colaboren en la financiación de este servicio.

En cuanto a la modernización tecnológica, se exige al Ministerio que camine unido a las comunidades autónomas, algo que, actualmente no se cumple. Por último, se considera importante redefinir las demarcaciones judiciales ya que, en casos como el de Madrid se multiplican los partidos judiciales (21) a pesar del territorio, lo que impide un mejor
aprovechamiento de recursos y una mayor eficiencia.