El 21 de enero se empezó a impartir en la Universidad Pontificia Comillas, con la colaboración de MAS Consulting España, el Postgrado de Dirección de Asunto Públicos (PDAP), cuyo precio ascendía a 3.000 euros. El día 24, Cepade (escuela de negocios de la Universidad Politécnica de Madrid), junto al Grupo Inforpress, iniciaron las clases del curso Experto en Lobby y Public Affairs. Costaba 2.800 euros. Finalmente, el 4 de marzo, en IE Business School, dará comienzo el Programa Superior Lobby & Advocacy. Cuesta 12.100 euros.

En esta última oferta, que se extenderá hasta julio, cabe destacar el claustro de profesores, entre ellos, diputados y eurodiputados. “No nos quedaremos en lo teórico, pues explicarán cómo gestionan ellos los procedimientos legislativos, cómo perciben el lobby profesional, cómo consideran que se debe trabajar en ese ámbito… Consideramos que esta es una ventaja competitiva frente a otras ofertas formativas existentes al respecto”, señala David Córdova, director del programa de IE Business School y socio fundador de la consultora especializada en lobby Vinces.

Los estudiantes adquirirán los conocimientos que les permitirán dar respuesta a las necesidades de las empresas de incorporar en su estrategia la capacidad de influir en las instituciones, tanto en España como en la UE o en Estados Unidos. No en vano, desde 1990, tres partidos políticos –CDS, Partido Popular e Izquierda Unida- han presentado sendas proposiciones no de ley para regularizar una actividad que en EEUU suelen ejercer los despachos de abogados, mientras que en Bruselas lo hacen las empresas de public affairs o relaciones públicas. Además, hay más de una decena de países que cuentan con una normativa concreta que lo regula, entre ellos: Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia, República Checa, Australia, Israel, Perú, Canadá…

“Para mí, la ley más madura es la de Canadá. Todas las leyes de lobby tienen tres elementos básicos: una definición clara de lo que se considera que es lobby, un código de conducta y un registro. En España, adecuándose al modelo constitucional español, sería una herramienta más para facilitar la transparencia y la participación en las decisiones públicas. Y sería importante que se creara un registro no sólo para el Congreso sino también para el poder ejecutivo, es decir, para influir en las decisiones de los ministerios. Estaría bien que existiese un registro común para que quien se suscriba o adhiera firme un código de conducta, y que hubiese una autoridad competente e independiente para dar seguimiento a ese registro”, comenta Córdova.

Pero, ¿a quién le corresponde el lobby profesional? En opinión de Córdova cualquier actividad de lobby está compuesta de tres áreas de gestión:

.- Política. “Es importante saber negociar, conocer los intereses de los partidos políticos y de los políticos; gestionar y conocer los tiempos en los que ellos toman las decisiones, incluso los tiempos de campaña electoral en los que preparan los programas, etc.”

.- Económico-jurídica. “Es preciso conocer perfectamente los procedimientos legislativos. Con respecto a Bruselas, hay que saber qué es la codecisión, qué hace cada uno de los comisarios europeos, qué papel juega el Parlamento Europeo cuando hay una iniciativa que parte de la Comisión Europea… Y en el caso español, conocer muy bien los pasos que sigue un proyecto de ley, cuándo se aprueba en el Congreso, qué capacidades hay de negociar enmiendas, el impacto económico de las propuestas, etc.”.

.- Comunicacional. “Cómo dar a conocer a la sociedad civil toda la información vinculada a estos temas y problemas. Es lo que se llama la advocacy, entendida como la relación de las empresas y las asociaciones patronales, sindicatos, ONGs… con la sociedad civil. Para defender y promover determinados asuntos o intereses frente a los decisores públicos, frente a la Administración, es preciso aunar esfuerzos. Las empresas cada vez son más conscientes de que no pueden desarrollar su negocio sin tener en cuenta a la sociedad civil, a sus grupos de interés”.

En España esta actividad se encuentra sujeta a un proceso de reflexión y análisis. “Los diputados cada vez son más conscientes de que esta actividad se está llevando a cabo de forma más profesional. Creo que está influyendo mucho la recomendación de los principios de transparencia e integridad del lobby elaborada por la OCDE, en cuya revisión yo pude colaborar, y que España aprobó. Se trata de unos principios que ayudan a los Estados miembros de la OCDE a analizar cuál sería el procedimiento para normalizar la actividad. Esa recomendación establece el 2013 como el año para revisar el recorrido hecho hasta ese momento y es de suponer que España dará pasos al respecto”, explica Córdova.

Un registro transparente
Lejos del clientelismo o amiguismo, que pueda tener lugar para sintonizar los intereses entres las empresas y los partidos políticos, que es una práctica muy difícil de controlar, la profesionalización del lobby lo que pretenden es facilitar el acceso al Congreso y al Senado mediante un registro similar a los que existen en la Comisión y el Parlamento Europeos, que en junio de 2011 se convertirá en un registro común. “Yo no veo el registro como una herramienta de control de los lobbies, sino como una herramienta para facilitar el acceso en igualdad de condiciones y de transparencia para que los ciudadanos puedan conocer quién intenta influir legítimamente en los decisores públicos ante el desarrollo de una ley. El registro está enfocado hacia la transparencia y la participación. De hecho, la Comisión y el Parlamento Europeos han llegado a un acuerdo para que se llame Registro de Transparencia”, pormenoriza Córdova.