El Parlamento Europeo ha aprobado por amplia mayoría en su último pleno antes de las elecciones del 25 de mayo las piezas finales de la Unión Bancaria. Ésta se ha puesto en marcha en menos de dos años y pese a la fuerte resistencia de Alemania. A este país se refería el presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, que será el candidato socialdemócrata en las elecciones europeas, cuando tras las votaciones señalaba en un comunicado que estos cambios suponen una «victoria importante» del Parlamento frente a las «presiones ilógicas» de algunos Estados miembros. «Este texto mejorado muestra que la implicación del Parlamento no impide lograr soluciones óptimas», precisa.

Los eurodiputados ha ratificado las tres normas pendientes para completar la Unión Bancaria: el mecanismo único de liquidación de bancos en crisis y el fondo de 55.000 millones para financiar quiebras y reestructuraciones (570 votos a favor, 88 en contra y 13 abstenciones); la directiva que obligará a los accionistas y acreedores, incluidos los titulares de deuda senior y los grandes depositantes, a asumir pérdidas en futuras crisis (584 votos a favor, 80 en contra y 10 abstenciones); y la norma que refuerza los sistemas nacionales de garantía de depósitos de hasta 100.000 euros (que se ha declarado aprobada sin necesidad de votación al no presentarse enmiendas al pleno).

«A partir de ahora, los contribuyentes no pagarán sistemáticamente la factura de las pérdidas de los bancos», destaca Martin Schulz. «La Unión Bancaria completa la Unión Económica y Monetaria, pone fin a la era de los rescates masivos y garantiza que los contribuyentes ya no pagarán la factura cuando los bancos se enfrenten a dificultades», aporta el comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier. «La Unión Bancaria no sólo ayuda a restaurar la confianza en el sector bancario, sino que también garantiza un sistema auténticamente europeo de supervisión y de liquidación de bancos cuando quiebran», añade.

El Parlamento ratificó en septiembre de 2013 el primer pilar de la Unión Bancaria, la creación de un supervisor único. La tarea ha sido encomendada al Banco Central Europeo (BCE), que la asumirá en noviembre tras realizar, en colaboración con la EBA (la Autoridad Bancara Europea) un examen sobre los activos y una prueba de resistencia de los grandes bancos de la eurozona.

 

Romper el círculo vicioso

El proyecto de Unión Bancaria se lanzó en la cumbre de junio de 2012, cuando Europa sufría los peores embates de la crisis de deuda y se producía el rescate de bancos procedentes de las cajas de ahorros en España. Sus objetivos son romper el vínculo entre deuda bancaria y deuda soberana, el denominado círculo vicioso, y lograr que sean los propios bancos (sus accionistas y los que invierten en ellos) y no los contribuyentes los que paguen la factura de futuras crisis. La Unión Bancaria debe reducir al mínimo la fragmentación financiera de la eurozona y hacer que un banco pague por su deuda en función de su solvencia y de su nivel de riesgos, no por dónde tenga su sede.

La presión de Alemania, que rechaza pagar por la crisis de bancos de otros Estados y que quiere proteger a sus landesbank (bancos ligados a los Estados federales) pese a sus fuertes inversiones en activos tóxicos ligados a las hipotecas subprime en Estados Unidos, ha rebajado considerablemente el proyecto original.

Así, se ha retrasado indefinidamente la creación de un sistema europeo común de garantía de depósitos, que iba a ser el tercer pilar de la Unión Bancaria. El Parlamento Europeo ha aprobado una Directiva que refuerza los sistemas nacionales de garantía de depósitos de hasta 100.000 euros, reduciendo de 20 días a siete el plazo de pago a los clientes en caso de quiebra. La norma entrará en vigor a mediados de 2015.

Alemania ha logrado que se adelante a 2016, en lugar de 2018 como estaba inicialmente previsto, la entrada en vigor de la directiva que obliga a accionistas y acreedores a asumir pérdidas. Con eso se garantiza limitar al máximo futuras ayudas públicas a la banca. Así, la norma fija por primera vez un porcentaje mínimo de quita obligatorio equivalente al 8% de los pasivos del banco, que debe aplicarse antes de usar el fondo de liquidación o cualquier tipo de ayuda pública.

En cuanto al mecanismo único de resolución, Alemania ha logrado que sean los Gobiernos y no la Comisión Europea los que tengan la última palabra sobre el cierre de un banco. Además, ha impuesto un periodo transitorio para crear el fondo de 55.000 millones, que se financiará con aportaciones de las entidades, y ha vetado que cuente con el aval del mecanismo europeo de estabilidad (Mede).

En la recta final de las negociaciones, el Parlamento ha logrado acortar de diez años a ocho el periodo de creación de este fondo. Además, se acelera el ritmo de mutualización al principio del proceso, hasta alcanzar el 70% en los tres primeros años (40% el primer año, 20% el segundo y cerca del 10% el tercero).

En los próximos meses, Bruselas debe proponer un método para calcular cuánto deberá aportar cada banco al fondo, lo que dependerá de su perfil de riesgo. El ministro de Economía, Luis de Guindos, estima que la banca española aportará entre el 12% y el 13% de los 55.000 millones de euros. El fondo empezará a constituirse en 2015 pero sólo podrá usarse a partir de 2016.