Un total de 40.000 firmas recogidas por CCOO y UGT viajarán este jueves a manos de los responsables del ministerio de Empleo. En una concentración a las puertas del ministerio en Madrid, los pensionistas exigirán al Gobierno que retire su nuevo mecanismo de actualización, que desliga del IPC la evolución de las pensiones y fija un techo y un suelo a las subidas del 0,50% más inflación y del 0,25%, respectivamente.

Los sindicatos creen que los pensionistas sufrirán una “importante” pérdida de poder adquisitivo a partir del año próximo, cuando entra en vigor el nuevo sistema. En cambio, el Gobierno esgrime los datos de inflación de este año, en el que ya se aplicó una subida del 0,25%, mientras que el IPC, según los últimos datos de marzo, bajó un 0,1% respecto al mismo mes del pasado año. Una diferencia que, al menos de momento, permite al Ejecutivo enarbolar el argumento de que los pensionistas han experimentado una ganancia en su poder adquisitivo hasta la fecha.

Las quejas de CCOO y UGT coinciden sin embargo con la aparición de nuevas cifras que reflejan otra amenaza para el sistema de pensiones. Tal y como muestra el padrón, España perdió algo más de 545.000 extranjeros en 2013. En total, la población del país ronda los 46,7 millones de personas, es decir, unos 400.000 habitantes menos que un año atrás.

El frenazo en el crecimiento de población – aunque la estadística es provisional – viene determinado en buena medida por la crisis económica. Pero el decaimiento de la población no es la única amenaza. La llegada a la edad de jubilación de la generación del ‘baby-boom’ añade presión sobre un sistema de pensiones acosado por las deudas, y cuyo déficit superó los 11.860 millones de euros el pasado año, un 1,13% del PIB. Para enjugarlo, además de recurrir a las inyecciones del Gobierno para pagar los complementos a las pensiones más bajas, el Ejecutivo extrajo el año pasado casi 11.650 millones del Fondo de Reserva, la conocida ‘hucha de las pensiones’ que atesora los ahorros de los años de bonanza del sistema.

En poco más de cinco años, el sistema de pensiones se enfrentará con una avalancha de nuevos jubilados. Será a partir de 2020, cuando comiencen a jubilarse los nacidos en torno a 1955. La fecha representa el banderazo de salida para el gran reto demográfico. Una presión que se prolongará al menos durante quince años, en torno a 2035, cuando empezará a amainar esta llegada masiva de jubilados al sistema, procedente de la gran expansión demográfica de los años sesenta del siglo pasado.

El reto demográfico sorprende al sistema en una situación muy estresada, según reflejan algunas cifras. Desde el inicio de la crisis, la pensión media del sistema público se ha incrementado en un 28%. En ese tiempo, se contabilizan un millón más de pensionistas. Mientras, el gasto total dedicado al pago de estas prestaciones crecía en torno al 40%. Y todo ello a pesar de que el número de cotizantes – la viga principal que sostiene el sistema – se redujo en 3 millones de afiliados, debido a la destrucción de empleos derivada de la crisis económica iniciada en 2008.

No obstante, la aplicación del nuevo índice de revalorización no ha sido la única reforma en los últimos años. En 2012, el Gobierno del socialista Zapatero retrasó la edad de jubilación hasta los 67 años desde los anteriores 65 años, mientras que el Partido Popular ha aplicado diversos cambios en el sistema, como la introducción del nuevo índice de revalorización y del factor de sostenibilidad, que recorta el importe de las prestaciones a medida que crece la esperanza de vida de sus nuevos perceptores; así como otras reformas menores, como el endurecimiento de las prejubilaciones, y medidas dirigidas a mejorar la recaudación del sistema, como la inclusión de los pagos en especie – cheques restaurante y planes de pensiones de empresa, entre otros – como nuevos conceptos cotizables.