Esto supone dedicar menos tiempo a la inspección y una recaudación de ingresos más inmediata, según trasladaron a Europa Press en fuentes de la Inspección del organismo.

   El pasado año, la Agencia Tributaria recaudó 10.950 millones de euros por la labor de prevención y lucha contra el fraude fiscal, lo que supone una caída del 4,9% respecto al año anterior, según los datos oficiales ofrecidos por el organismo.

   Por ello, la Agencia Tributaria quiere que el Departamento de Gestión adopte un papel más activo en su función de control tributario, especialmente en lo relativo a la campaña de la renta, módulos o la tributación del IVA.

   Este departamento puede llevar a cabo procesos más masivos que lo que requiere la inspección del fraude más complejo, mediante la realización de paralelas a las autoliquidaciones presentadas por los contribuyentes o las peticiones de requerimientos, lo que permite, en muchos casos, una recaudación más rápida cuando se detecta el fraude.

   Ello no significa, precisaron las mismas fuentes, que se haya dejado de lado la inspección de grandes empresas, sino que se trata de «poner más énfasis» durante el periodo de gestión de los impuestos para evitar el conocido como pequeño fraude.

Lista de morosos en fase de embargo

    Por otro lado, Hacienda sigue preparando la lista de defraudadores y morosos que el Gobierno se ha comprometido a hacer pública, y en los últimos tiempos va ganando terreno la idea de que la citada lista ponga más el acento en los morosos que en los defraudadores, ya que estos últimos terminan siendo públicos al contar con una sentencia judicial.

   En cambio, la identidad de los morosos, que dejan de pagar cada año a Hacienda más de 10.000 millones de euros, según las últimas memorias de la Agencia Tributaria, nunca se llega a conocer y, sin embargo, supone un número nada despreciable de contribuyentes a los que se liquida una deuda y no la pagan al declararse insolventes.

   Según fuentes de la inspección, la propuesta pasaría por publicar esta lista de morosos y defraudadores en la página feb de la Agencia Tributaria y, en el caso de los primeros, deberán estar, al menos, en la fase de embargo para que su nombre aparezca en dicha lista.

   Ello generaría un «castigo social y una presión» sobre estos contribuyentes, que podría llevar en muchos casos, sobre todo en el caso de las empresas, a tener dificultades para seguir con su actividad, dado que socios o proveedores podrían conocer de forma inmediata si son morosos con la Administración.

Estatuto de la Agencia Tributaria

   También dentro del combate del fraude fiscal, Hacienda ha elaborado perfiles de riesgo con los contribuyentes que se acogieron a la ‘amnistía fiscal’. Aunque no se está realizando un plan especial de inspección sobre estos declarantes, sí se están usando sus declaraciones para incluir en las bases de datos a aquellos que se consideren que tienen mayores posibilidades de defraudar en el futuro.

   Por último, fuentes de la Inspección indicaron a Europa Press que se está ultimando el Estatuto de la Agencia Tributaria y que la intención del Gobierno es, por un lado, aprobar una ley orgánica con los principios generales de dicho estatuto y, posteriormente, aprobar un real decreto para desarrollar esta normativa y entrar en el detalle del mismo.