El artículo 25.1 de la Directiva sobre Mercados e Instrumentos Financieros, más conocida como Mifid II, obliga a las personas físicas que hagan asesoramiento o vendan productos financieros a disponer de los conocimientos necesarios para realizar esas actividades. La Directiva debe estar traspuesta a las normativas nacionales antes de 2016.

Pero la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que es la institución que debe fijar los criterios exigidos a los asesores y vendedores de productos financieros, no sólo acelerará la transposición de la Directiva, sino que previsiblemente endurecerá esas exigencias.
Mifid II significa que «será obligatorio demostrar que tienen una cualificación profesional suficiente para ejercer su trabajo», explica Carlos Tusquets, presidente de European Financial Planning Association (Efpa) España, en la presentación del IV Encuentro Efpa de Asesores Financieros, que se celebrará en Santiago de Compostela los días 9 y 10 de octubre, con el lema “El camino del asesoramiento financiero del futuro”.
«Supone un cambio sustancial que afectará a las relaciones de clientes y asesores en toda Europa, pues garantiza que ese personal va a estar formado adecuadamente», insiste Tusquets. “La pérdida de confianza del cliente en el sistema financiero español tiene en su origen un problema de formación de los empleados que trabajan en él”, argumenta.
La Efpa certifica la formación de más de 16.000 asesores financieros, que tienen que hacer un examen, demostrar su reciclaje profesional y firmar el código ético cada dos años. Esto significa que el 18% de los 130.000 asesores financieros cuentan con certificados profesionales: Diploma de Agente Financiero (DAF), Asesor Financiero Europeo (EFA) y Planificador Financiero Europeo (EFP).
La CNMV «exigirá una formación que sería el nivel previo mínimo que nosotros requerimos en EFPA para quienes se presentan a nuestras pruebas de certificación», indica Santiago Satrústegui, vicepresidente de la Efpa. Está pendiente de aclarar qué va a suceder con aquellos profesionales que no tienen certificados profesionales pero llevan trabajando muchos años como asesores financieros o como vendedores de productos y servicios de estas características.
«Proteger al inversor es fundamental, sobre todo para las economías que, como la española, tienen que financiarse fuera. Y para proteger al inversor, el asesor financiero debe estar formado y preparado, y alineado con los intereses del cliente y con el horizonte temporal de su inversión, no sólo con los de la entidad”, insiste Satrústegui. “Y es mejor que un tercero certifique que el asesor financiero o la persona que está vendiendo productos financieros están formados”, resalta.
“Lo que se valora en el momento de comprar una entidad financiera no es el número de sucursales, sino la antigüedad media de los clientes”, resalta Tusquets. El presidente de Efpa critica que el inversor español tiene tres cuartas partes de su dinero en activos no diversificados, fundamentalmente en depósitos bancarios.
Sobre la retribución de los asesores financieros, Tusquets y Satrústegui coinciden en que “lo importante no es el sistema que se fije, sino que la relación sea transparemte, que el cliente sepa cuánto gana su asesor y cómo lo hace».

Educación financiera

Dositeo Amoedo, delegado de Efpa España en Galicia, explica que el IV Encuentro Efpa de Asesoramiento financiero organiza talleres prácticos sobre el buen uso de las redes sociales, la educación financiera, el ‘coaching’, y técnicas para redactar notas, informes y artículos financieros. Además se analizarán los retos y oportunidades que ofrece Europa, la reforma fiscal, las exigencias de Mifid II, la relación del cliente en la banca del siglo XXI, estrategias de inversión, y el sistema de pensiones, entre otras cuestiones.
“España es uno de los pocos países en los que no se enseña economía en los colegios”, critica Carlos Tusquets. Efpa ofrece un curso de cinco horas de economía básica para los colegios, que “está teniendo un éxito arrollador”. Amoedo pide “no utilizar la educación financiera de forma interesada” y extenderla a los universitarios y a todos los ciudadanos.