Después del varapalo de 2010 en el recibo de la luz, las compañías eléctricas siguen pidiendo al Gobierno que recorte aún más el déficit de la tarifa, que acabó el año pasado rondando los 20.000 millones de euros. Pero ante la situación económica que viven muchas familias españolas no parece que se pueda seguir presionando al bolsillo de los ciudadanos, por este motivo, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, acaba de confirmar que el Ejecutivo está buscando fórmulas para evitar una nueva subida de la electricidad.

De momento, ya en 2011 el recibo de la luz subió un 9,8% en enero, que según algunas asociaciones de consumidores se aproximaría al 11%. Pero la realidad es tozuda y el problema, como viene repitiendo el Gobierno y la oposición desde hace años, es que España es un país totalmente dependiente de la energía. Ya sea petróleo o gas. Y esa dependencia exterior hace que pasemos por “caja” según marcan los precios internacionales.

Pero las polémicas subidas registradas en 2010, a la que se suma la del pasado mes de enero no sólo no conviene al bolsillo de los españoles, sino que además supone una presión añadida a la alarmante subida de la inflación (en enero se situó en el 3,3% interanual). Ya no se trata, por tanto, de una cuestión de maquillaje político del Gobierno, sino de que con  plena incertidumbre de la recuperación económica una subida descontrolada de los precios frenaría todos los avances.

En poco más de dos años y medio, el recibo de la luz ha subido un 30%. Y las eléctricas siguen pidiendo mayores incrementos, y sólo en 2010 un 18%, y para los amantes de las estadísticas en 2011 estamos pagando alrededor de un 60% más de recibo de la luz que pagábamos en 2003. ¿Consumimos más luz? La población se ha incrementado ligeramente, pero la realidad es que la energía cada vez es más cara, mientras las compañías eléctricas cada vez se encuentran más acuciados por el denominado “déficit de tarifa”, que deben financiar con créditos bancarios.

Las previsiones para 2011 es que dicho déficit se sitúe en los 5.000 millones de euros. superando en 3.000 millones el límite fijado por el propio Gobierno. Y además se trata de mucho dinero tal y como se encuentra en estos momentos el sistema financiero español. Los bonos eléctricos puestos en circulación a finales del año pasado, tuvieron buena acogida, pero cada vez resulta más difícil encontrar dinero con las cajas de ahorros como locas buscando el dinero que necesitan para evitar ser controladas por el Estado, las necesidades de financiación del propio Estado, de las empresas y de las familias.

Con esta radiografía y ante al abultadas subidas del recibo de la luz en los últimos dos años, Sebastián se ha comprometido a buscar fórmulas para evitar una nueva subida de la electricidad a lo largo de 2011. El ministro asegura que ese casi 10% de aumento producido a principios de año fue una medida “excepcional e irrepetible”, cuyo fin era “corregir” el déficit tarifario, que se había convertido en un problema para las compañías eléctricas e, incluso, para la credibilidad de la economía española.

Una fórmula con éxito

De momento, la única fórmula –al margen de la subida del recibo de la luz-, que parece ha tenido éxito, ha sido la emisión de títulos que permiten vender en el mercado el déficit de la tarifa eléctrica, que tuvo lugar el pasado mes de enero. Se colocaron con facilidad 2.000 millones de ese déficit, que comenzó a acumularse desde 1999.

Cabe recordar que el déficit tarifario eléctrico tiene su origen en la diferencia entre los ingresos que logran las compañías eléctricas a través de las tarifas que pagan sus clientes y lo que le cuesta a esas compañías generar y transportar la electricidad.

En la emisión de enero se superaron las previsiones ya que se demandaron bonos por 2.300 millones, un 15% más de la oferta presentada por el Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico, el organismo público al que se le encargó gestionar la titulización del déficit eléctrico.

Los bonos que fueron colocados ofrecen una rentabilidad fija del 4,8% y vencen en marzo de 2014. Dicha colocación en los mercados permitía convertir en deuda negociable el pasivo de 20.000 millones de euros que, hasta el momento de la emisión, se encargaban de financiar las principales compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y E.ON).

El importe máximo del programa de emisión de bonos del fondo alcanzaba los 25.000 millones, de los que hasta 22.000 millones contaban con el aval del Estado.

Otro dato importante a tener en cuenta es que el 60% de la emisión se colocó entre inversores españoles; el 16% entre inversores italianos; el 6% entre británicos; el 5% entre irlandeses; el 4% entre franceses y el 3% entre alemanes. En definitiva, inversores de los principales países europeos. Además, las gestoras de fondos fueron las principales compradoras (el 60%) de la emisión, seguidas por las entidades financieras (22%) y aseguradoras (15%). La anécdota la protagonizaron los bancos centrales, que invirtieron entre 50 y 100 millones de euros.

Ante estos resultados, ¿será posible que se vuelva a realizar una nueva emisión? ¿Seguirán los mercados interesados? ¿La necesidad de realizar emisiones por parte del Estado, de las entidades financieras, de las comunidades autónomas… llegará a colapsar los mercados?… Lo único cierto es que dinero siempre hay disponible en busca de la mejor rentabilidad.