Reclaman la prohibición en España de la obsolescencia programada

11/10/2014

Luis M. del Amo. Diversas asociaciones exigen al Gobierno que proscriba esta práctica empresarial que consiste en reducir la vida de los aparatos electrónicos para aumentar su consumo.

obsolescencia_intUna nueva ley de residuos verá pronto la luz. España debe trasponer la directiva comunitaria sobre gestión de residuos electrónicos. Y los defensores del medio ambiente no quieren dejar pasar la oportunidad. Al igual que en Francia, diversas asociaciones han reclamado al Gobierno que prohíba la obsolescencia programada. Pero no solo piden que se proscriba esta práctica empresarial de reducir la vida de un producto a fin de aumentar el consumo. También quieren que se facilite la reparación de los aparatos, su desmontaje manual y la reutilización de las piezas. El planeta, y el empleo –argumentan– nos lo agradecerán.

Un programa de televisión sacó a la luz el problema de la obsolescencia programada hace dos años. El documental, titulado ‘Comprar, tirar, comprar’, aportó pruebas sobre la práctica empresarial que consiste en la reducción deliberada de la vida de un producto para incrementar su consumo. Tres años de investigación sobre la llamada obsolescencia programada y sus consecuencias desastrosas para el medio ambiente.

Poco a poco, esta lucha contra la obsolescencia programada va calando en la sociedad. En Francia, hace apenas diez días, el Gobierno decidió castigar penalmente esta práctica empresarial. Ahora, en España, los defensores del consumo responsable también han pasado a la acción. En una propuesta conjunta, las asociaciones ecologistas Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción; sectoriales, como Asociación Española de recuperadores de economía social y solidaria (AERESS); y los sindicatos UGT y CCOO han reclamado al Gobierno que aproveche la ocasión para tomar medidas que faciliten la reparación de los aparatos eléctricos y electrónicos, la prolongación de su vida útil, la reutilización de sus componentes, su reciclaje. También reclaman que España copie a Francia y prohíba también la obsolescencia programada.

La próxima semana concluye el plazo dado por el Gobierno para enviar alegaciones al proyecto de decreto ley de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES). La nueva norma se implantará en España este mismo año.

En sus alegaciones, las asociaciones demandan al Gobierno un catálogo de prácticas que favorezcan estos objetivos. En primer lugar piden establecer objetivos que obliguen a fabricantes y distribuidores a estrechar su colaboración para la recogida y reciclaje de los aparatos. Exigen además que se alarguen las garantías, así como ampliar la responsabilidad del productor, de tal manera que alcance hasta la preparación para la reutilización de los aparatos, cuya financiación debería estar garantizada.

Control del destino de los aparatos

Estas medidas, defienden, reducirían la generación de residuos, según consta en las alegaciones a la ley de residuos eléctricos y electrónicos. Pero además el decreto ley debería incluir un control férreo por parte de las Administraciones sobre el destino de estos equipos y su tratamiento final.

También se pide un impulso a las empresas sociales que se encargan de la reparación, reutilización y reciclaje de residuos. En estos momentos, la red de recuperadores ofrece empleo a unas 40.000 personas en toda Europa; en España, 1.745 personas, la mitad de ellas en riesgo de exclusión, afirman en fuentes del sector. Una cifra que podría duplicarse si el Consejo de Ministros aprueba una norma más exigente.

Algunas de las peticiones son tan simples como que se facilite el desmontaje manual de los aparatos. Con solo esta medida, el Gremi de Recuperació de Catalunya estima que podrían crearse 4.700 empleos. Y si solo se cumpliera la ley actual, en lo relativo al tratamiento de residuos, se generarían 9.000 puestos de trabajo, según calculan en fuentes del sector de recuperación de aparatos electrónicos y eléctricos.

Pero, además, la gestión correcta de los residuos eléctricos y electrónicos tiene beneficios en los países más pobres. Las materias primas proceden de estos países con legislaciones sociales más débiles. Por su ello, argumentan, su extracción genera problemas sociales y ambientales: contamina agua y aire, desplaza comunidades enteras y viola en fin numerosos derechos humanos de la población de esta región del mundo. Por si fuera poco, gran parte de los residuos de los aparatos que consume el ‘primer mundo’ acaban en los países no industrializados, donde proliferan los vertederos incontrolados.

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