El grave problema sanitario planteado, parece que ahora sí con dimensión universal, por el nuevo brote de ébola, que ya ha traspasado las fronteras de los países de África occidental y ha llegado a Estados Unidos y Europa, tiene un componente informativo también vital, no sólo para la posibilidad de curación sino para evitar su  propagación. No se trata sólo de extender o mejor contener la alarma social infundada, compañera indeseable en los asuntos sanitarios de esta índole, porque la información sanitaria tiene una importancia y dimensión públicas reconocidas y potenciadas por la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y prácticamente todos los países. Es una información que tanto en el plano individual como en el colectivo y social se recoge en resoluciones y disposiciones normativas del máximo rango y en el doble catálogo de derechos y deberes.

Si la reciente investigación realizada por Estudio de Comunicación, en colaboración con ABC y en la que participaron las más importantes organizaciones de profesionales de la salud, sobre la comunicación y la relación entre el médico y el paciente, puso de manifiesto que los médicos deben mejorar en su comunicación con los enfermos, está claro que también cabe mejorar la comunicación en el plano social entre los ciudadanos y sus administraciones sanitarias. Los hechos recientes lo ponen de manifiesto

En el caso de España hay que partir necesariamente de dos derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución y que, en este y casos similares, han de conjugarse con la mayor perfección posible: el derecho a difundir y, sobre todo, recibir información veraz por cualquier medio, y el de protección de la salud, que también comporta deberes

Estamos asistiendo estos días a numerosas declaraciones y sobre todo acciones, dos especialmente, en el campo judicial de gran trascendencia, que han de reafirmarla cuando se produzcan las correspondientes resoluciones. Una, la denuncia de 18 facultativos del hospital La Paz por presuntos delitos de la Administración Sanitaria contra la salud de los trabajadores y contra la salud pública; otra la investigación iniciada por la Fiscalía de Madrid para esclarecer y, en su caso, considerar la dimensión penal de ciertos hechos en la crisis provocada por el ébola.

Pero hablamos de la información y, en este sentido, no es lo principal, aunque sea importante, ver si la ministra de Sanidad o el Consejero son buenos o malos comunicadores. Lo principal es ver qué información esencial se ha dado o se ha omitido y ha podido poner en riesgo la salud de las personas.

Aparte de su enunciación en la Ley General de Sanidad y su tipificación o no en el Código Penal, hay normas de principios que no pueden ser obviadas por la Administración sanitaria ni tampoco por los profesionales de la sanidad y los ciudadanos, especialmente los deberes, que son los que menos solemos cumplir mientras reclamamos legítimamente nuestros derechos.

Por ejemplo, la Ley Orgánica de Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica dice textualmente:

Artículo 2. Principios básicos

5. Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por razones de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria.

Art. 6. Derecho a la información epidemiológica.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual, y el derecho a que esta información se difunda en términos verdaderos, comprensibles y adecuados para la protección de la salud, de acuerdo con lo establecido por la Ley

Esta literalidad ilustra perfectamente que un error o un ocultamiento u omisión propician, objetivamente, la propagación del ébola, como ha sucedido aquí en España y en Estados Unidos, donde un ciudadano liberiano procedente de este país mintió en declaración jurada sobre su procedencia y ocultó su contacto con un enfermo de ébola. El fiscal de Dallas ya había puesto en marcha su imputación penal antes de su muerte y, hasta el momento, hay dos profesionales sanitarias contagiadas y más de un centenar de personas en observación. Una de estas enfermeras, Amber Vinson, ha reconocido que subió a un avión con 132 pasajeros a bordo cuando ya tenía fiebre.

En el caso de España, esperemos que no se den nuevas confirmaciones de contagio y que la primera persona contagiada supere la enfermedad, aparte del personal sanitario y otros profesionales que tuvieron contacto con la auxiliar de enfermería Teresa Romero cuando ésta ya había acudido a la doctora de medicina primaria a quien, en palabras de la contagiada “mi doctora no tendrá la culpa, la mujer, porque yo no le dije que había estado en contacto con el ébola”

Tanto en la guerra como en la paz, la información es una de las armas más poderosas desde que el mundo lo es. El rigor, la oportunidad, la necesidad y la trascendencia que contiene una buena información es poder. Y es un poder para influir muy positivamente en el remedio de grandes problemas sociales.

No es por tanto inane que organismos internacionales y nacionales hayan puesto el acento en “el deber de informar”, naturalmente bien, en asuntos de salud. Por eso aprueban normas que los profesionales de la sanidad, de la administración pública y del periodismo tienen que conocer y respetar. Es, evidentemente, un ejercicio que las tres profesiones han de abordar en equipo

La referida  investigación de Estudio de Comunicación puso de manifiesto que la confianza es parte del mejor tratamiento del médico hacia el paciente y que la confianza nace de una buena relación y una correcta información. Es la evidencia nuestra de cada día de lo importante que es la Comunicación en asuntos en los que está en juego la salud de los ciudadanos.

En definitiva, que es muy conveniente que todos reflexionemos y que, con la comprensión de errores que, en una situación de esta naturaleza, todos podamos cometer, pongamos el empeño (autoridades y profesionales sanitarios y periodistas principalmente) en dar y no ocultar la información que ayuda a preservar nuestra salud.

Para el futuro, está claro que las Administraciones tienen la obligación de informar y deben hacerlo de manera inmediata pero con portavoces creíbles y mensajes ciertos. Y que los ciudadanos o afectados deben también asumir su responsabilidad.

Ramón Almendros es director de Estudio de Comunicación