El Observatorio de Riesgo de Crédito, impulsado por Iberinform, Crédito y Caución y el IE Business School, muestra un nuevo y preocupante empeoramiento de los plazos de pago de las empresas. El estudio “Situación de los Plazos de Pago en el B2B”, elaborado por Iberinform a partir de las cuentas depositadas por 80.000 empresas, muestra que éstos aumentan un día de media: de los 94 a los 95.

Ese empeoramiento es especialmente intenso en el segmento de la pequeña empresa, que suma cinco días hasta situar su plazo medio de pago en los 93 días. La mediana empresa empeora sólo dos días, hasta los 96.

La microempresa se mantiene en 96 días que tarde en pagar. La única excepción a la tendencia general es la gran empresa, que recorta en tres días sus plazos de pago, aunque sigue siendo la que tarda 115 días.

“En el marco de una legislación cada vez más exigente orientada a la reducción de los plazos de pago, esta evolución sólo puede entenderse en un entorno de insuficiencia de liquidez financiera y capitalización empresarial”, analiza la directora comercial de Crédito y Caución, Marta Nodal.

El informe analiza la evolución de los préstamos concedidos a empresas que, desde que alcanzaron su máximo anual cercano al billón de euros en 2007, han descendido hasta situarse en la tercera parte. En este entorno, el 42% de las empresas españolas utiliza el crédito comercial como primera fuente de financiación de actividad, muy por delante de la segunda, el préstamo bancario, que sólo alcanza al 35%.

En cuanto a sectores productivos, descienden los plazos de pago en el sector primario, 5 días hasta los 93, y en construcción, 3 hasta los 106 días. El empeoramiento se produce en industria, 5 días hasta los 102, y servicios, 3 hasta los 90.
“La iliquidez explica en gran medida esta evolución. De hecho, el principal motivo que aducen la práctica totalidad de las empresas de todos los tamaños y sectores para el retraso en pagos de sus clientes es la falta de disponibilidad de fondos”, señala el director Comercial y Marketing de Iberinform, Ignacio Jiménez.

Sin cambio de tendencia

Las previsiones sobre el cierre de este año y las expectativas para el 2015 no apuntan un cambio de esta tendencia, según el sondeo entre 250 empresas que ha realizado el Observatorio de Riesgo de Crédito. Este escenario aleja las prácticas del crédito comercial en España del horizonte de los 60 días que trata de impulsar la legislación, tanto la española como la europea.

La Comunidad de Madrid y Andalucía son las autonomías donde mejora el plazo de pago, que se reduce en 7 días. En cambio, el mayor empeoramiento, nada menos que 12 días, se registra en el País Vasco.

Idaira Robayna, oficial Jurídico de la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea, subraya, en la mesa redonda organizada tras la presentación del estudio, que “la correcta implementación de la disposición que armoniza los plazos de pagos de las Administraciones Públicas supondrá una inyección de liquidez para las empresas de unos 180.000 millones de euros”. Por este motivo, la Comisión Europea está supervisando tanto la transposición de la Directiva de la lucha contra la morosidad como su efectiva implementación en los Estados miembros para comporbar que las empresas europeas tengan a su disposición todos los instrumentos necesarios para hacer valer estos nuevos derechos conferidos por la normativa europea»,
El vicepresidente de la Plataforma de Medidas de Lucha contra la Morosidad, Alfredo Berges, recuerda que la morosidad “ha provocado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”. La “única vía para poner freno a esta lacra es poner multas ejemplarizantes a las compañías que no cumplan con los  plazos de pago”.

Para Berges, la aprobación de un régimen sancionador supondría “el paso definitivo para acabar con el problema, si se hace bien y sin trucos”, porque “la liquidación de las facturas a tiempo es crucial para impulsar la contratación, favorecer el desarrollo de proyectos y dinamizar el consumo”.

«La morosidad tanto pública como privada sigue siendo un activo tóxico en la actividad diaria de los autónomos. Los proveedores, en especial micropymes y autónomos, se han convertido en la principal fuente de financiación de grandes empresas y de la Administración. Por eso, se debe imponer tolerancia cero a la morosidad, no sólo evaluando su cumplimiento sino sancionando el incumplimiento de la ley», aporta el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.