Rafael Ribó ha invitado al Ombudsman europeo a que investigue si la actuación del Gobierno español infringe los tratados de la Unión Europea y, además, ha solicitado a la Generalitat y al Parlament de Catalunya que presenten recurso de inconstitucionalidad contra el decreto dictado.

También ha instado al Gobierno a que cree un organismo independiente que dictamine si se cumplen todas las obligaciones para que se consolide el pago de la indemnización y, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia decida si la compensación prevista se adecua a las normas de la competencia o no.

En el mismo sentido, el Síndic de Greuges culpa a la Administración del Estado español de malas prácticas administrativas que podrían haber beneficiado a los intereses del concesionario, Escal UGS, además de haber conculcado los derechos de todos los consumidores de gas y contribuyentes que tendrían que asumir los costes por la indemnización establecida.

El informe Proyecto Castro reclama al Gobierno que priorice el pago a los afectados por daños materiales y morales, después de hacer una evaluación, y exige que se desmantele la plataforma Castor, salvo si se aporta un estudio específico que garantice que no tiene riesgos sísmicos.