Posiblemente, nunca un adjetivo, “favorable”, ha generado tantas discusiones, incluso dentro del propio Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta en España y gracias a los votos de Izquierda Unida en Extremadura. Un conflicto que comienza en mayo, cuando la Junta de Extremadura, presidida por José Antonio Monago, aprueba un decreto ley, convalidado como ley en julio con los votos favorables de Izquierda Unida, por el que se exige, para la fusión de una cooperativa de crédito de la autonomía con otra de fuera, el informe “favorable” de la su Consejería de Economía, Competitividad e Innovación.

Monago quería impedir que se repitiera una operación como la integración de la Caja Rural de Extremadura en el Grupo Ibérico, con la sevillana Rural del Sur y la Rural de Córdoba, que se deshizo por imposición del presidente del Gobierno autonómico. Argumenta que Extremadura se ha quedado sin cajas de ahorro: Caja Badajoz se integró en Caja 3, finalmente absorbida por Ibercaja; y Caja Extremadura, en Liberbank, con CajAstur y Caja de Cantabria.

Y que sólo quedan como entidades financieras autóctonas la Rural de Extremadura y la de Almendralejo, impulsora del Grupo Solventia (junto a las rurales de Utrera, Baena, Cañete de las Torres, Adamuz y Nueva Carteya). Monago intentó que las dos cooperativas de crédito extremeñas se fusionaran, pero no lo consiguió.

Su reacción ha sido imponer el derecho de veto en las fusiones de las cooperativas de crédito con sede en Extremadura. El problema es que ese veto de la Junta de Extremadura invade competencias que corresponden al Gobierno central. Y éste, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (que es quien canaliza las relaciones con las comunidades autónomas), amenazó con recurrir al Tribunal Constitucional si no se suprimía la exigencia de informe “favorable” de la Junta de Extremadura en esa norma.

Tras unos meses de discusiones, Monago recula en su afán intervencionista sobre las entidades financieras. Y la Junta de Extremadura modificará el artículo 12 de la Ley de Crédito Cooperativo suprimiendo el adjetivo “favorable”. Esa norma regula que, en los supuestos de integración en un grupo cooperativo o bajo cualquier otra forma jurídica, fusión, escisión y transformación, «será necesario un informe previo y favorable de la Consejería competente en materia de política financiera sobre la procedencia o no de integrarse, fusionarse, escindirse o transformarse de aquellas cooperativas de crédito sobre las que la comunidad autónoma de Extremadura tenga competencias». También ordena que ese mismo informe “previo y favorable” de la Junta de Extremadura se extiende al caso de la cesión «global del activo y del pasivo o de cesión del negocio financiero o parte de éste susceptible de funcionamiento autónomo de la cooperativa de crédito y al cambio del domicilio social» fuera de Extremadura.

Conflicto competencial

El Gobierno central transmitió a Monago, que con frecuencia ha aprobado normas en dirección contraria a la del PP nacional, que ese artículo 12 de la Ley autonómica de Crédito Cooperativo invadía competencias que son exclusivamente suyas, como autorizar fusiones de entidades financieras.

Ante el caso omiso que hacía la Junta de Extremadura, amenazó con recurrir al Tribunal Constitucional y, como paso previo, llevó el contencioso a la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado Estado-Comunidades Autónomas, que es donde se tratan de resolver los conflictos competenciales.

Esa comisión se reunió a finales de agosto para discutir esa cuestión, pero el acuerdo no llegó hasta la reunión celebrada el 28 de octubre, y que se concretó el 12 de noviembre en el compromiso de la Junta de Extremadura de modificar el artículo 12 de la Ley autonómica de Crédito Cooperativo y suprimir el adjetivo “favorable”.

Ambas partes, Junta de Extremadura y Gobierno central, dan por zanjadas las diferencias, una vez que Monago cede y no tendrá derecho de veto en fusiones de entidades financieras.