Al final va  a ser que medida a medida, arañando de un lado y de otro, se podrá ahorrar un poco en consumo de energía. Pese a todas las críticas, el Gobierno está convencido de ello y este viernes, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, volverá a presentar nuevas medidas de ahorro energético, con las que suavizar la escalada del crudo tras las revueltas registradas en los países árabes y, sobre todo, en Libia, uno de los países de los que traemos gran parte del petróleo que se consume en España.

Sebastián ha mantenido esta semana una agenda abultada de reuniones, principalmente, con los representantes de las comunidades autónomas y ayuntamientos para pedirles su colaboración, que vendrían a sumarse a las ya conocidas como recortar el límite de velocidad de las autopistas y autovías de 120 a 110 kilómetros por hora, reducir un 5% los billetes y abonos de trenes de cercanías y media distancia o elevar al 7% el consumo de biodiésel.

El ministro perseguía esta semana que comunidades y ayuntamientos con metro en sus ciudades se comprometieran a rebajar también el precio de esta modalidad de transporte público, aunque no fue bien recibida esta propuestas por autonomías como la madrileña, con uno de los niveles de endeudamiento mayores. No obstante, no se produjo acuerdo en esta materia con ninguna región.

El problema es que no salen las cuentas. El vicepresidente Alfredo Rubalcaba defendió en el anterior Consejo de Ministros la necesidad de las medidas de ahorro energético abundando en los efectos de la subida del precio del barril de crudo: por cada 10 dólares que sube, el gasto en España se incrementa en 6.000 millones de euros. Y eso que, de momento, no está afectando al suministro de la materia prima.

Nuevas medidas

Por lo que han ido explicando en Industria a los responsables autonómicos y municipales, las medidas que este viernes aprobará el Ejecutivo incluirán un plan «renove» para neumáticos, mucho más ecológicos y de menor rozamiento que podría ahorrar un 3% del consumo de combustible. Está previsto que se cambien 240.000 neumáticos, aunque todavía no está claro de qué partida presupuestaria se sacará el dinero para atender el coste de dicho plan.

También se pidió la colaboración de todas todas las Administraciones para que, como muy tarde, se apague la iluminación de los edificios públicos a las 18 horas, con excepción de aquellos que se encargan de atención directa al ciudadano. En este capítulo el ministro presentará una lista de 16 propuestas.

En este sentido, Sebastián arrancó un acuerdo con los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de cambiar las bombillas de los edificios públicos por otras de bajo consumo, lo que se irá haciendo de forma gradual, ante elevado coste que ello supone y que su ahorro supondrá que la inversión tardará en amortizarse entre dos y tres años. Industria ha hablado con Fomento incluso para extender el cambio de las bombillas en la red de carreteras, también por las de bajo consumo, o incluso reducir sus horas de uso, aunque en el primero de los casos el desembolso sería demasiado considerable, y en el segundo, ya han aparecido numerosas críticas sobre lo peligroso de la medida porque se podrían producir más accidentes de tráfico.

Además, todas las administraciones están de acuerdo en reducir el uso de los coches oficiales, que quedarán restringidos para muy pocos altos cargos y se buscará compartir transporte con otros departamentos de la Administración.

Otra de las medidas, cuyo cumplimiento será a más largo plazo, es ubicar en las afueras de las ciudades los edificios administrativos, a fin de descongestionar el tráfico del centro de las ciudades.

Días pares e impares

De momento, lo que no parece que se vaya a decidir es pagar peaje por entrar en las ciudades, como se viene haciendo en Londres desde hace unos años. Esta medida se descartó desde un principio en la reunión de la FEMP, como también se descartó, de momento, establecer la circulación de vehículos con matrícula par o impar, según los días.

Tampoco ha habido consenso para rebajar el billete del transporte público (metro y autobús), pese a la iniciativa gubernamental de recortar un 5% el precio de los trenes de cercanías o larga distancia. Las responsables municipales sólo estarían dispuestos a esta rebaja si se comprabara el uso masivo por parte de los ciudadanos del metro o del autobús.