La calle es mía y el agujero de Bankia, de todos

17/12/2014

Luis Díez.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volvió a echar de menos a Alfredo Pérez Rubalcaba en la última sesión de control parlamentario del año, lo que parece una señal inequívoca de que el nuevo dirigente del PSOE, Pedro Sánchez, funciona correctamente y está creciendo en intención de voto. La cuestión era esta vez la Ley de Seguridad Ciudadana que acaba de imponer el PP para multar más y mejor a los que protestan y devolver en frontera a los inmigrantes que saltan las vallas de Ceuta y Melilla. Sánchez acusó a Rajoy de abrazar el lema franquista del fundador del PP, Manuel Fraga: “La calle es mía”, y de aplicar una interpretación sui géneris de la libertad, la educación, la sanidad y hasta la justicia, según la cual, defenderla es recortarla. “Además han convertido la televisión pública en el Nodo”, dijo. “Quieren acallar la voz de la calle a golpes de decreto y hacer escuchas telefónicas ilegales, sin autorización judicial”, le reprochó. “Les molesta la gente en la calle, pero es adonde le van a mandar a usted y a todo su gobierno más pronto que tarde”, remató. Y fue ahi donde Rajoy, que dijo que el mayor recorte vino dado por la herencia de un país al borde del rescate, añoró a Rubalcaba hasta de utilizarle como fuente de autoridad y citar pasajes de sus discursos contra la violencia y la inmigración ilegal. “No se puede estar a favor de las concertinas en el Gobierno y en contra en la oposición”, dijo como si no hubiera sido su antecesor José María Aznar quien comenó a instalar las espirales de alambre cortantes o como si Zapatero no hubiera regularizado a miles de inmigrantes sometidos a la clandestinidad y la explotación más cruel y abusiva.

Cierto es que nadie habrá visto en los últimos veinte años a Rubalcaba detrás de una pancarta de protesta contra las decisiones del Gobierno, y eso es lo que en el fondo y en la forma quiere Rajoy de Sánchez. La cuestión de fondo es otra. Consiste en que el 82% de los ciudadanos considera innecesaria la “ley mordaza”, una norma que para meter miedo a la gente ha elevado las multas por faltas leves de 300 a 600 euros y para acollonar a los sindicatos y a los colectivos que denuncian los atentados al medio ambiente, singularmente Greenpeace, arbitra sanciones administrativas por faltas muy graves que van de 30.001 a 600.000. De este modo, si a los ahorradores dannificados por las participaciones preferentes se les ocurre irrumpir en una entidad bancaria para protestar bailando sardanas les pueden calcar multas de 600 euros; si a los de la plataforma antidesahucios se les ocurre obstaculizar a las autoridades o empleados públicos que van a ejecutar un desahucio, les pueden caer de 601 a 30.000 euros; si a las chicas de Femen les da por exhibir su protesta en un acto religioso, idem de lienzo. Y si a unos sindicalistas o activistas de Greempeace les da por protestar ante una central nuclear poniendo obstáculos a la recarga de combustible, por ejemplo, les pueden sancionar con cantidades de 30.001 a 600.000 euros. Los convocantes han de saber que estas multas de mayor cuantía van contra ellos y que primero se pagan y después, si tienen posibles para enfrentarse a unas tasas judiciales que pueden llegar al 50% del importe de las sanciones, tal vez puedan recurrir en la vía de lo contencioso administrativo. Éste y otros preceptos están directamente pensados contra los piquetes en las huelgas y van a la línea de flotación del derecho a la libertad sindical.

Aunque era oportuno llevar al pleno las detenciones preventivas de los anarquistas en Barcelona por supuestas actividades “terroristas” y los arrestos de nueve jóvenes por las protestas de las últimas horas contra las detenciones, ni Sánchez ni Rajoy se refirieron a ellas. La nueva ley de Seguridad Ciudadana permite “retener” policialmente a cualquier persona durante seis horas y crea un Registro Central, una nueva modalidad de fichados por alterar la tranquilidad ciudadana. Como en los viejos tiempos, “tranquilidad viene de tranca”, es decir, del miedo a que te aticen con la tranca y encima te multen. Lo cierto y verdad es que, sin embargo, la gran mayoría de las manifestaciones que se registran en España son pacíficas. La estadística de Interior revela que de las 25.000 manifestaciones registradas en 2013, la policía solo tuvo que intervenir en 23. Y eso significa que en menos de una de cada mil manifestaciones hubo incidentes violentos o de desobediencia a las autoridades. Y significa también que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, puede guardarse su tranca y emplearla allí donde se necesita, por ejemplo, en las reyertas entre los ultras que se cobijan detrás de los clubes de fútbol.

A propósito de protestas ante la instalaciones nucleares, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, no fue capaz de aclarar si los informes de los expertos geológicos que catalogan de “inadecuados” los terrenos elegidos en Villar de Canas (Cuenca) para armar el cementerio de residuos nucleares han llegado al Consejo de Seguridad Nuclear y si serán tenidos en cuenta para cambiar el emplazamiento del almacén. Estamos hablando de una obra de 274 millones de euros por la que pujan tres grandes constructoras y de una inversión global por parte de la sociedad pública Enresa que va a suponer más de mil millones de euros, y conviene hacer bien las cosas. Dijo Soraya al portavoz socialista Antonio Hernando que “ha estudiado detenidamente el asunto”. Menos mal. Luego ya, en lo atinente al estudio, Luis de Guindos, que estuvo en la terna para presidir Caja Madrid, aunque finalmente Rajoy prefirió a Rodrigo Rato, reiteró en respuesta al socialista Pedro Saura que la salida a Bolsa (BFA-Bankia) fue “una operación política” que se plasmó en el BOE con el visto bueno del Banco de España. El gobernador era entonces Miguel Ángel Fernández Ordóñez, designado por Zapatero. Pero eso no empece para que Saura recordara la adscripción política al PP de Rato, José Luis Olivas y otros responsables del grupo. “Acepten una comisión de investigación”, pidió Saura enfáticamente. De eso ni hablar. Vienen elecciones.

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