Con la semana parlamentaria inhabil a todos los efectos si descontamos la comparecencia de la comisaria europea de la compentencia, el cronista debe agradecer la tinta de esta columna a una diputada aragonesa de mucho temple y con un nombre tan sonoro como imborrable. Se llama Pilar Alegría Continente y a base de preguntas –indirectas, que diría Gila– ha conseguido sacarle los colores, si es que les quedan, a los ministros de Defensa, Pedro Morenés Eulate, y de Interior, Jorge Fernández Díaz, por su indolencia ante el acoso sexual y por razón de sexo en las fuerzas armadas y de seguridad del Estado.

El agradecimiento no quita el lamento. Y muy lamentable es que a estas alturas La Moncloa –el departamento de la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría– tenga que reconocer que en los dos ministerios citados no se aplica el Protocolo frente al acoso sexual en el trabajo que fue aprobado el 27 de julio de 2011 por acuerdo de todas las partes representadas en la Mesa General de Negoción de la Administración General del Estado. La excepción no es una isla, sino un continente jerarquizado y, al parecer, impermeable a las normas contra los abusos machistas, lacra habitual en unos estamentos en los que a falta de razones se apela a los cojones como argumento y estilo de mando.

Las excusas que aduce el Gobierno en su respuesta escrita a la diputada del PSOE merecen el calificativo que cada cual quiera ponerles. En el caso del departamento de Defensa, resulta que el ministro Morenés “está a la espera del II Plan de Igualdad” para “adaptar la normativa”. Esa espera de casi cuatro años indica cuán vigente y cierto es el aforismo de nuestro gran poeta Antonio Machado de que “toda espera es espera de seguir esperando”. En ese medio tiempo el señor ministro podía haber recibido a la comandante Zaida Cantera, quien tras un año de acoso sexual y persecución por parte del oficial superior Isidro José Lezcano Mújica, se vio obligada a denunciarle ante la justicia castrense. Podía haberle apartado del mando al acosador, pero no lo hizo. Podía haber revisado su asecenso a coronel, pero no lo hizo. Podía haber evitado la “solidaridad” de otros mandos con el acosador y las represalias laborales y profesionales contra la víctima, pero tampoco lo hizo. Podía haber ordenado la investigación de la falsificación de firmas para incriminar e incluso encarcelar a la víctima, pero tampoco lo hizo.

Lo que el señor ministro sí hizo fue un gesto con el dedo para ordenar silencio a la diptuada de UPyD Irene Lozano cuando criticó su comportamiento en el Pleno del Congreso. Y lo que finalmente hará, tras permitir que arruinaran la carrera profesional de esa militar, será firmar su baja definitiva en las Fuerzas Armadas, una jubilación anticipada, para entendernos, que implicará su pase a la reserva con un sueldo bruto de 2.500 euros mensuales a cuenta del erario público. Al reproche humano y político se añade en este caso el económico con “pólvora del rey”. Pero el 11% de mujeres que integran las Fuerzas Armadas del Reino de España (el porcentaje permanece estabilizado desde hace una década) no tienen que preocuparse ante el fenómeno, pues el ministro anuncia ahora que “acelerará la tramitación de las denuncias al objeto de poder atender cuanto antes a las víctimas”.

Y por si fuera poco, el Ejecutivo recuerda en su respuesta a la diputada Pilar Alegría que el acoso sexual figura por primera vez como “falta disciplinaria muy grave” en el nuevo Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Solo que en la jurisdicción ordinaria no es falta, sino delito. He ahí la diferencia y, con ella, el privilegio que supone que un coronel como el mencionado acosador, coronel Lezcano, condenado a dos años y diez meses por la jurisdicción militar, mantenga los galones y pueda seguir ejerciendo el mando.

La excusa para no aplicar el Protocolo contra el acoso sexual entre los funcionarios del Ministerio del Interior –lo que afecta directamente al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil– es también muy paradógica. Resulta que la dirección general de la Función Pública y la de Igualdad, que dependen de los ministros Cristobal Montoro y Alfonso Alonso, respectivamente, todavía no han elaborado “los contenidos formativos” que deben recibir las personas designadas como “asesores confidenciales”. La figura del “asesor confidencial” se incluyó en un anexo del Protocolo para proteger a las víctimas frente a posibles represalias. Estos asesores se iba a ocupar de tramitar las denuncias y seguir el procedimiento contra los acosadores. Pero ya ven en qué ha acabado el asunto.