Sin embargo, la última palabra la tendrá el Consejo Constitucional, ya que el Partido Socialista recurrió este martes ante este organismo el texto del proyecto de ley, que eleva de 60 a 62 años la edad mínima de jubilación y de 65 a 67 la edad a partir de la cual hay que jubilarse para recibir la pensión completa. Mientras el Consejo Constitucional no dé su visto bueno al texto, no se podrá promulgar la ley.

El Senado ya aprobó este martes el texto que había consensuado un día antes la comisión paritaria integrada por siete diputados y siete senadores. Raymond Soubie, asesor en temas sociales del presidente francés, Nicolas Sarkozy, afirmó el pasado domingo que la promulgación de la ley debería producirse en torno al próximo 15 de noviembre, teniendo en cuenta un posible recurso de la oposición.

Aunque la mayoría de los diputados han aplaudido al término de la votación, algunos parlamentarios de izquierdas han abucheado, según la emisora de radio France Info. La socialista Marisol Touraine denunció que «la gran reforma» se ha convertido en una iniciativa legislativa «penosa».

«Soñabais con una audacia reformadora y os habéis encontrado con un país en crisis», añadió. Para Jean-Paul Lecoq, del Partido Comunista Francés, la reforma supone «una regresión social sin precedentes».

Mientras, Jean Leonetti, de la Unión por un Movimiento Popular (UMP, el partido del presidente Nicolas Sarkozy), dijo que la aprobación de la reforma «no es ni una victoria de la mayoría sobre a la oposición ni la victoria del Parlamento sobre la calle, sino la victoria del interés general».

Por su parte, Jean-Luc Préel, de Nuevo Centro (centro-derecha), afirmó que lamenta «el Gobierno no haya aprovechado esta ley para llevar a cabo una verdadera reforma de equidad» que consista en «un régimen universal único por puntos administrado por los aliados sociales» y en «la eliminación de los regímenes especiales».