El 13,5% de los beneficiarios del programa extraordinario de activación para el empleo puesto en marcha el pasado mes de enero ha logrado su inserción en el mercado laboral, según ha apuntado la directora general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), María de los Reyes Zatarain, durante una mesa redonda sobre la tasa de cobertura por desempleo y el fraude en las prestaciones, organizada por la Asociación Española de Salud y Seguridad Social, en la que han participado los agentes sociales.

Este programa conlleva una ayuda de 426 euros al mes durante medio año para parados de larga duración con cargas familiares sin ingresos que no hayan cobrado ningún subsidio o prestación durante los seis meses anteriores. Además, estos beneficiarios se comprometen, entre otras cosas, a buscar activamente empleo, participar en programas de políticas activas y a no rechazar ningún empleo adecuado.

Zatarain ha explicado que, aunque la cifra de inserción puede parecer pequeña, el nivel de inserción de estas personas habría sido del 8% sin contar con el programa. «Valoro enormemente el programa», ha añadido por ello.

Con anterioridad, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, había criticado el programa e incluso había señalado que el plan «ha fracasado», puesto que las previsiones iniciales hablaban de 250.000 beneficiarios y éstos no alcanzan, ha dicho, las 70.000 personas.

Además, ha explicado que los sindicatos propusieron al Gobierno el pasado 4 de septiembre la ampliación del universo de beneficiarios de este programa extraordinario a partir de unos requisitos más flexibles, sin que hayan recibido aún respuesta alguna. «Hasta la fecha no se ha contestado», ha asegurado.

Se puede modificar el sistema de protección

Por otro lado, tanto Ferrer como el secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, han demandado una reforma del sistema de protección por desempleo a la vista de que durante la crisis se ha desplomado la tasa de cobertura en 20 puntos porcentuales, hasta situarse por debajo del 60%.

«Necesitamos una reforma del sistema de protección por desempleo porque es una paradoja que cuando más lo necesitamos tengamos un menor nivel de cobertura», ha dicho Bravo.

Al respecto, Zatarain ha comenzado señalando que, aunque es cierto que ha caído la tasa de cobertura, también hay que tener en cuenta que el número de desempleados desprotegidos se ha duplicado durante la crisis, lo que da la medida de que «la aportación del sistema ha sido sumamente importante». «En ese contexto lógicamente la tasa ha bajado», ha añadido.

No obstante, acto seguido ha afirmado que «si hay que revisar el sistema de protección se revisará» y ha recalcado que, una vez avance la recuperación económica y la creación de empleo, habrá que buscar un mayor equilibrio entre el gasto en políticas activas de empleo y políticas pasivas.

Los empresarios solo ven fraude

Otro de los temas tratados en la mesa redonda ha sido el fraude en el empleo. En un primer momento, el secretario de Acción Sindical de UGT ha querido dejar claro que «si alguien tiene interés en erradicar el fraude es el trabajador», ya que en ello radica su empleo, su salario y su cotización a la Seguridad Social.

Además, ha asegurado que el trabajador «no tiene capacidad de incurrir en fraude en el empleo, sino el empleador», por lo que «no es el delincuente, sino claramente la víctima».

Al respecto, Bravo también ha denunciado que la detección de casos como la falta de alta del trabajador o la suscripción de contratos a tiempo parcial para cubrir puestos a tiempo completo requieren inspecciones a pie de calle para las que la Inspección de Trabajo no tiene medios suficientes.

Al mismo tiempo, el responsable de Relaciones Laborales de CEOE, Jordi García Viña, ha asegurado que los empresarios también ven con «gran preocupación» la economía sumergida y el hecho de que haya empresas que empleen a trabajadores de forma irregular o directamente sin darles de alta en la Seguridad Social.

«Nos preocupa porque genera competencia desleal y lleva a otras empresas a incurrir en lo mismo dentro de un circuito sin final para poder competir», ha dicho, para resumir que la economía sumergida «desestabiliza las normas generales del mercado de trabajo».

En el capítulo de propuestas, García Viña ha señalado que las medidas que deberían implementarse deben mejorar la eficiencia del sistema de control, redefiniendo alguna actuación, y flexibilizar cargas y procedimientos.