Este miércoles Artur Mas cumple cien días como president de la Generalitat y lo hace cumpliendo una polémica promesa electoral: elimina el impuesto de sucesiones. Tras este caramelo mediático, el president hace una balance “razonablemente positivo” por unos primeros cien días que ha tenido que tomar medidas drásticas.

El recorte del presupuesto le ha valido su primer abucheo público (el lunes en Tarragona le silbaron los trabajadores del hospital Joan XXIII), sus enfrentamientos con Madrid por la negativa del Gobierno central de abonarle los comprometidos 1450 millones del fondo de competitividad y por la insinuación del secretario de estado de Hacienda que Catalunya suba los impuestos. “No me cargaré Catalunya para salvar el déficit del ejecutivo español”, aseguró Mas antes de asegurar que ya no puede apretar más el cinturón: “Trabajamos con dificultades muy grandes, hemos abordado de golpe numerosos problemas y los ciudadanos sufren en su día a día estos problemas. Nos encontramos con una destrucción sistemática de puestos de trabajo y el incumplimiento sistemático de las obligaciones económicas con Catalunya por parte del Gobierno central”. Por ello aseguró que su Govern se propone que “en casa, disciplina y hacer los deberes y en Madrid reclamar nuestros derechos y nuestros dineros”

Tras su memorial de agravios, Mas reclamó de los ciudadanos “ayuda y comprensión ante los recortes”. Es consciente que las encuestas –aunque muchas de ellas de una fiabilidad dudosa- dan un aprobado a la actuación del Govern durante estos primeros pasos de su andadura. “Con los datos que disponemos, la mayoría de la población hace una valoración correcta de nuestra labor, no la oposición. La gente no es tonta y reconoce las dificultades con las que trabajamos” y añadió que “todo lo que hacemos tiene un sentido: Levantar Catalunya”.

Reclamó ayuda de unos políticos que hasta hace poco han mandado “y nos encontramos con una situación heredada, de la que no nos quejamos, pero pedimos que los que han sido responsables de ella ayuden al Govern”.

Y es que la valoración de la oposición en estos primeros cien días ha sido contundente. El presidente del grupo parlamentario socialista, Joaquim Nadal, señaló que “la situación hoy es más grave que hace cien días” para pasar a añadir que con los recortes “se ha iniciado el desmantelamiento del estado del bienestar” y aseguró que su grupo no negociará los presupuestos si el Govern –como acaba de hacer- elimina el impuesto de sucesiones. Dicho lo cual recordó que Catalunya incrementó en 8.600 personas el paro en el pasado mes de marzo y responsabilizó al inmovilismo de la Generalitat que no haya movido todos los hilos para evitar el cierre de empresas como Alstom o Derby. En este punto coincidió con la presidenta del PP catalán, Alícia Sánchez Camacho, quien recordó que ahora en Catalunya hay “611.000 parados, 50.000 más desde el nuevo gobierno, mientras Artur Mas se preocupa por votar en referéndums independentistas”.

Desde las filas de ERC valoró que estos primeros cien días han estado marcados por la improvisación y la desorientación, sin una hoja de ruta clara” e incluso Joan Puigcercós habló de “un anténtico desmantelamiento de los servicios públicos, incumpliendo las propias leyes en una actitud de revancha”, mientras desde IC, Joan Herrera valoró que la política de Mas va hacia “la privatrización de los servicios públicos”.