En concreto, el Estado deberá indemnizar a Repsol por la fijación por parte de Industria del precio máximo de venta antes de impuestos de los gases licuados de petróleo (GLP) envasado para el último trimestre del 2011 y el primero de 2012.

La sala tercera del Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado y ha confirmado de esta forma la sentencia de la Audiencia Nacional que reconoció el derecho de la petrolera a ser indemnizada.

La compensación incluye el coste de la indemnización más los intereses legales generados desde el 31 de marzo de 2012, según consta en la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Margarita Robles Fernández.

El fallo indica que la actuación de la Administración en las resoluciones impugnadas excedía los límites de la «razonabilidad y ponderación», con lo que vulneraba el principio de proporcionalidad. «No cabe excluir la antijuridicidad de un daño, que ha quedado acreditado», señala el tribunal.

La sala de lo contencioso-administrativo, conforme a su doctrina, señala que no puede admitirse como razonable un precio regulado que impone a los suministradores la venta a pérdidas durante un período prologando de tiempo.

También reconoce que se ha producido una vulneración del principio de proporcionalidad en la intervención pública a la hora de fijar de forma específica los precios máximos del GLP.