Desde el 1 de enero de 2015, y en los casos judiciales nuevos, las comunicaciones entre todos los profesionales de la justicia (abogados, procuradores, graduados sociales) y los órganos judiciales y fiscalías deberán ser electrónicas. Así lo establece la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil 42/2015, de 5 de Octubre de 2015.

Es el legado del último gobierno socialista, que aprobaba la Ley 18/2011 reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. En ella se daba un plazo de cinco años para que todas las Administraciones Públicas (AAPP) provean a los juzgados de las herramientas para poder tramitar los procesos a traves de una sede electrónica.

Así nace Lex Net, en un entorno complejo dentro del mundo jurídico donde entre las distintas comunidades autónomas hay diferentes gestores procesales. Esta plataforma debe unir a los profesionales de la justicia y a los juzgados, haciéndolos a todos operativos para la recepción y el envío de documentación procesal, y debe hacerlo de una manera segura para todos.

Implantación de Lex Net
El ministerio ha hecho un esfuerzo económico y de medios para poner en marcha el sistema y poder impulsar las comunicaciones electrónicas desde el 1 de enero de 2016. Ha firmado convenios de colaboración con las comunidades autónomas, y adaptado el sistema en todos los órdenes jurisdiccionales y para todos los colectivos que tienen competencia para utilizarlo.

La administración de justicia ha tenido una relación muy cercana con los colectivos de graduados sociales y abogados, con el fin de informar a los principales operadores sobre la forma de actuar de los profesionales con la plataforma. Además de elaborar guías y protocolos de actuación, se ha impartido formación y difundido información sobre cómo se debe utilizar.

Este sólo es un punto de partida para la digitalización, pues a partir del 7 de julio de 2016 todas las AAPP con competencias en materia de justicia estarán obligadas a realizar la tramitación electrónica. El sistema quedará totalmente implantado desde enero de 2017, cuando estarán obligadas a utilizarlo todas las administraciones y organismos públicos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, y también todas las personas que estén obligadas a realizar cualquier trámite con la administración de justicia, con o sin representación de un profesional.

Impacto profesional
Esto implica un cambio importante en la tramitación de expedientes y obliga a los operadores jurídicos a su actualización, mediante la implantación de nuevas tecnologías. Todo empieza por disponer de una firma digital y su inclusión en una tarjeta criptográfica que se pueden conseguir en la Fábrica de Moneda y Timbre. Por otra parte, se requiere un equipo informático compatible con la plataforma y una conexión a internet.

Si bien es cierto que el Ministerio de Justicia no ha escatimado en información sobre su puesta en marcha y la forma de proceder por las profesiones, también lo es que surgirán dudas e incertidumbres dentro de unos procedimientos judiciales que requieren una diligencia impecable por parte del profesional e implican una fuerte carga de responsabilidad. Por ejemplo, si un juzgado envía una notificación, a los tres días de su envío se da por recibida por parte del profesional, siguiendo el trámite que proceda. Por tanto, ante cualquier caída del sistema telemático por parte de la Administración o de los servicios de telecomunicaciones contratados por el profesional, la carga de probar la incidencia que surja para no haber podido recibir el mensaje y la documentación recaeré sobre el profesional, sin medio alguno que acredite de forma veraz que tiene conocimiento de la comunicación.

Quizá hubiera sido mejor que la implantación del sistema fuera progresiva con una etapa con papel y sin papel, y luego ir quitando el papel en ciertos trámites en función de la evolución de la adaptación al nuevo sistema de los profesionales en su conjunto. Sin embargo, la realidad es que, a fecha de 1 de enero de 2016, a los operadores jurídicos no les queda otra opción que adaptarse y formarse en nuevas tecnologías para tener la seguridad de poder tramitar sus procesos de forma segura por el sistema Lex Net. Como no todos los actores implicados se podrán adaptar al nuevo procedimiento, sobre todo por las compatibilidades tecnológicas,  para atender las dudas de los usuarios del sistema, el Ministerio de Justicia ha puesto en marcha en Twitter, desde lunes 4 de enero, la cuenta @lexnetjusticia.

Marcos Óscar Martínez Álvarez es graduado en Derecho. Trabaja en calidad de graduado social para la firma Bigoles Abogados SL (en Twitter, @BigolesAbogados). Para conversar con este despacho especializado en Derecho del trabajo y Seguridad Social visitar el perfil de Bigoles Abogados en Facebook