La empresa ha lamentado no haber podido encontrar «fórmulas de superación» de la situación económica en la que se encuentra, «que ha devenido como consecuencia de imposiciones legales, cuando no de las políticas energéticas articuladas por las administraciones públicas y compañías eléctricas».

La pasada semana, el juzgado declaró finalizada la fase común del concurso de la empresa y abrió la fase de convenio con la convocatoria de la junta de acreedores, que se celebrará el próximo 15 de abril.

La compañía, declarada en concurso de acreedores desde finales del pasado mes de mayo, suma créditos concursales por un valor total de 53,6 millones de euros, según la información presentada por la administración concursal de la sociedad ante el juzgado.

De acuerdo con la nota remitida por la empresa este jueves, la presentación de concurso fue motivada «fundamentalmente» por los efectos del plan de cierre de la minería del carbón «impuesto por la Unión Europea», con una «restrictiva e ineficiente» aplicación por parte de las autoridades españolas, lo que produjo una «drástica» reducción de las ayudas y de la demanda de carbón hasta alcanzar «cuotas insostenibles» en el ejercicio 2014.

Según ha explicado al organismo supervisor, durante este tiempo Hullera Vasco-Leonesa ha presentado a las instituciones y administraciones públicas informes para reactivar la producción y ha hecho «todos los esfuerzos posibles» para conseguir la reanudación de los suministros de carbón a sus principales clientes, especialmente a Gas Natural Fenosa, y para convencer a sus acreedores de que el «acuerdo convencional» ofrecía «mayores garantías para la satisfacción de sus intereses en el concurso que las otras que pudiera ofrecer la legislación concursal».

El consejo de administración de la compañía ha manifestado su «profunda frustración» por no haber podido superar las «rígidas» e «infranqueables» barreras administrativas y financieras a las que se ha enfrentado durante las negociaciones.

La empresa ha explicado que tanto el «silencio de las administraciones públicas ante las distintas propuestas de apoyo que les han sido formuladas», como «la negativa de su principal cliente a la compra de carbón» y el «rechazo» de la entidades financieras a sufragar la financiación que requiere la reactivación productiva «obliga» a la empresa a tomar esta decisión.