«Si el cotizante ve cómo su futura pensión crece y adquiere la conciencia de que el día que se jubile su pensión equivaldrá, más o menos, a lo acumulado dividido por su esperanza de vida, entonces va a ser él, y no el Estado, quien decida cuándo le conviene retirarse«, argumenta Pilar González de Frutos. «En sistemas de este tipo, por lo tanto, la edad legal de jubilación pierde importancia, porque la edad de jubilación se convierte en el agregado de las decisiones individuales», añade.

«El gran problema que presenta el sistema de cuentas nocionales es que si la transición se hace anotándole en la cuenta a todos los cotizantes los derechos acumulados en el sistema actual, el nuevo sistema reformado no hace sino heredar el desequilibrio, es decir la insostenibilidad. Pero si no se transfieren los derechos sino la cotización efectiva, entonces la reforma deviene políticamente imposible por la cantidad de agraviados que aflora”, reconoce la presidenta de Unespa.

Atenuar la línea entre trabajo y jubilación

Pilar González de Frutos reclama también una atenuación de la línea entre trabajo y jubilación: “Es necesario hacer ambas situaciones más compatibles de lo que lo son hoy», lo que permitiría «a muchas personas financiar en mejores condiciones su ‘cuarta edad’, desplazando pensión de sus primeros años de retiro hacia la vejez más extrema; así como elevar las tasas de actividad de los trabajadores de mayor edad, toda una asignatura pendiente de nuestro mercado laboral”.

La presidenta de Unespa cree que «una buena reforma de pensiones tiene que ir acompañada de una racionalización del gasto social», que eleve la capacidad de actuación de éste frente a situaciones comprometidas. «No es bueno que la pensión de un padre sirva para pagar el alquiler del hijo, lo que debe haber es un sistema que al hijo en dificultades objetivas le subvencione el pago del alquiler«.

Y recuerda que Suecia, el principal defensor en Europa de un sistema de pensiones con equivalencia actuarial, no «da la espalda al gasto social». «Que a las pensiones se las descargue de la obligación de hacer política social permite centrar el tiro de la misma, creando, como ha pasado en Suecia, un amplio catálogo de prestaciones sociales».

Pilar González de Fruros reconoce que las pensiones «es el ámbito de la política pública en el que más cosas se han hecho en los últimos 30 años», desde la reforma de 1986. Pero cree que «el encadenamiento de reformas ha impedido que en España se haya abordado una gran reforma» del sistema de pensiones.