ACS se enfrenta a devolver la indemnización que recibió por Castor

03/04/2016

Tania Juanes. Si bien las interrogantes políticas en España no son el marco más adecuado para  el futuro de la iniciativa parlamentaria aprobada, la oposición sí ha mostrado que está en contra de la solución del Gobierno para el yacimiento de gas, ahora en hibernación.

La iniciativa parlamentaria aprobada esta semana en la Comisión de Industria del Congreso puede tener serias consecuencias para Escal UGS -la sociedad concesionaria del proyecto de almacenamiento de gas de Castor-, participada al 66% por la constructora ACS. La propuesta, que se presentará al próximo Ejecutivo, incluye la reclamación de la indemnización que Escal logró por el cierre del proyecto -unos 1.600 millones de euros-.

El almacenamiento, ubicado en la costa mediterránea (entre Castellón y Tarragona), está ahora en fase de hibernación, después de que su puesta en marcha fuese relacionada con una serie de temblores de tierra que se sucedieron en las localidades más cercanas, por lo que el Ministerio de Industria optó por la hibernación de las instalaciones. Enagás anunció en marzo que había concluido el proceso de hibernación de los activos a los que ha aplicado un doble sellado.

Pero el tema parece que no va a quedar así. En el texto -que fue aprobado con el apoyo de PSOE, Podemos y Ciudadanos- se insta al desmantelamiento de las instalaciones de gas, y sin excluir la petición de responsabilidades legales a Escal. Y se urge además a recuperar las citadas cantidades retribuidas por la extinción de la concesión.

Si bien la incertidumbre política deja este asunto aún en el aire, medios consultados dan relevancia a la iniciativa, en la medida que, asimismo, refleja la posición de los grupos políticos y parlamentarios, a excepción del PP,  respecto a esta fallido proyecto energético. Y añaden que el tema queda pendiente del informe que realiza el MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) que previsiblemente se presentará en septiembre a Enagás y, por tanto, a continuación al Ejecutivo. Este estudio independiente señalará, entre otras cuestiones, si las instalaciones están mal ubicadas, si no se realizaron de forma debida los estudios pertinentes sobre la idoneidad del almacenamiento. Temas que pueden avalar o no la responsabilidad de la empresa concesionaria, si los informes en los que se basó el inicio de la construcción fueron suficientes y bien desarrollados, además de que en gran medida apuntará a la solución definitiva para Castor.

Por otro lado, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la competencia del Juzgado de Instrucción número 4 de Vinarós para seguir investigando el «caso Castor» por presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas en dicha localidad.

La sala desestima así el recurso interpuesto por la empresa Escal UGS y de su gerente, Recaredo del Potro  -al que se adhirió la Abogacía del Estado- contra el auto del magistrado instructor que rechazó la cuestión de competencia planteada. Los recurrentes pedían que la causa, en la que hay 18 investigados por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales y tres delitos de prevaricación ambiental, se instruyera en Madrid.

 

 

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