(RAE; Escrito en que se denigra o infama a alguien o algo.)

Por segunda vez en el año caigo en la lectura de un libelo. Primero fue La Desfachatez de los Intelectuales (Catarata, Febrero 2016) de Ignacio Sanchez-Cuenca y ahora Contra los Franceses (Elba, Abril 2016) de Manuel Arroyo-Stephens. Ambos coinciden en que partiendo de la denuncia objetiva de hechos que ilustran prolíficamente, derivan en un libelo, como apropiadamente subtitula su obra Arroyo-Stephens. Pero lo curioso es que los dos parten justamente de su oposición al uso indiscriminado del libelo, cada uno en su contexto. Arroyo-Stephen, por los juicios despectivos de autores franceses sobre la literatura española, que a su vez plagian con incongruente auto-complacencia. Sanchez-Cuenca, ante los pronunciamientos políticos de un conjunto de escritores nacionales, por su pobreza e inconsistencia argumental.

Contra los Franceses, tras la exposición de su denuncia, arremete indiscriminadamente contra la literatura, el arte, el sistema educativo, la filosofía y la historia política de Francia. Y aunque no carece de interés, el mérito de su punto de partida acaba ensombrecido por el partidismo del resto del libro.

El caso de La Desfachatez de los Intelectuales no es muy distinto. Su denuncia se combina con una desautorización sistemática de los autores que critica por su escasa solvencia analítica, plagada de comentarios despectivos, y rematada con la observación de lo internacionalmente inusual que resulta que los escritores publiquen columnas de actualidad.

Siendo legítimo exigir rigor en el análisis, no lo es descalificar la opinión política por su eventual debilidad argumental. La opinión política, para cumplir su función, debe estar libre de censura (como señala J. Rawls al tratar del libelo sedicioso en Liberalismo Político) tanto de su forma como de su fondo. Es este un terreno donde cabe entonces legitimar el libelo.

En cambio, el valor del análisis socio-político sí depende del escrutinio intelectual. Si la tesis es que los escritores son malos analistas políticos, es legítimo exponerlo. Pero si se trata de que eso les desautoriza para opinar políticamente, vamos mal. Afortunadamente, su amortización la decidirán los medios que los contratan y sus lectores, sin mayor censura moral.

Pero desgraciadamente, en España el libelo es la fórmula habitual de expresión pública, y no sólo en política. Desde las tertulias a los blogs, comentarios de lector, columnas de opinión y en este caso los libros, el territorio se cartografía por el principio de que quién no está conmigo, está contra mi. Eso sí, un estar místico, en cuerpo y alma.

Tan imbricado se haya el libelo en la historia nacional que su mayor exponente se da ya en el siglo XVI. Cuando Fernando de Herrera escribió un prolijo análisis de la obra de Garcilaso, un texto técnico y académico de enorme interés y erudición, se topó con un libelo encendido que dejaba claro que cualquier crítica al príncipe de los poetas era un acto de traición. Y aunque la soflama llevaba el seudónimo de Prete Jacopín, provenía del Condestable de Castilla y fue seguida de la censura y la misteriosa desaparición de varios textos inéditos de Herrera.

No resulta entonces extraño que el público, acostumbrado desde hace tanto al libelo, ni espere ni desee que nadie le repase el argumentario que se esconde tras una toma de postura. Es algo que simplemente se da por sabido. Aunque claro, como en los exámenes, miedo da pensar que alguien formule la pregunta inesperada. Miedo y preocupación, porque, efectivamente, si como señala Arroyo–Stephens Francia nos queda muy lejos y nos vilipendia, y como indica Sanchez–Cuenca, nuestra prensa es más nuestra que prensa, no sé muy bien en qué limbo quedamos ubicados.