La miseria al Constitucional

02/05/2016

Josep M. Orta.

En Catalunya ha escandalizado la poca sensibilidad del Gobierno al recurrir al Tribunal Constitucional  -con la consiguiente suspensión cautelar- sendas leyes sobre los desahucios y la pobreza energética. Estas leyes –fruto de una Iniciativa Legislativa Popular- habían sido aprobadas por unanimidad en el Parlament y pretendía que los grandes tenedores de viviendas (especialmente las entidades bancarias ofrecer un alquiler social a un desahuciado o ceder su uso obligatoriamente a los tres años de estar vacio.

Las suspensión cautelar de una ley es un arma que tiene el Gobierno en sus recursos al Constitucional y que de hecho significa anular la ley dada la exagerada lentitud que este Tribunal dictamina los recursos (algunos llevan más de seis años en sus despachos). Una ley se hace para resolver un problema y hay –como en este caso- problemas urgentes que conllevan dramas humanos y que exigen soluciones rápidas.

Puede que el Gobierno tenga razón –o no- en denunciar la supuesta invasión de competencias pero donde no tiene razón es en esquivar un problema que afecta a miles de personas en toda España. Los populares siempre se han mostrado esquivos en buscar soluciones ante el grave problema social de los desahucios y se han mostrado insensibles a las miles de personas que se han quedado en la calle mientras que han sido muy cuidadosos en lo que afectaba a los intereses de las entidades bancarias y las compañías eléctricas.

Ante su desinterés por buscar salidas a un conflicto cuya solución está en los miles de pisos vacíos existentes en España parece un significativo legalismo recurrir una ley que aportaba soluciones a este grave problema para abortarla. Quizás el Parlament catalán se ha extralimitado pero uno no puede menos que recordar la frase de Pedro Calderón de la Barca cuando cierra el conflicto del alcalde de Zalamea cuando asegura que “errar lo menos no importa si se acertó en lo principal”.

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