Está demostrado entre el Gobierno y los agentes sociales no deben coincidir en el tiempo en varias negociaciones a la vez, porque todos son vasos comunicantes y monedas de cambio. El último tropiezo del diálogo social es la futura Ley de Economía Sumergida, que comenzó su andadura viento en popa, y a la hora de trasladarse al papel, frenazo en seco, y su aprobación en Consejo de Ministros se ha aplazado, de momento, hasta el próximo 29 de abril.

Este cambio de planes obedece a que empresarios y sindicatos, pese a aplaudir que aflore la economía sumergida, al final no estaban de acuerdo con el borrador del Gobierno. Dado que no han cumplido su compromiso de tener la reforma de la negociación colectiva en Semana Santa, cualquier distracción es buena.

En una reunión mantenida el lunes de esta semana, hubo mucho ruido y pocas nueces, y nuevamente surgen los nuevos plazos, al margen de este puente de Semana Santa. Esta vez, podrán negociar el borrador de la futura ley hasta el próximo 27 de abril.

El Gobierno quiere hacer aflorar el máximo empleo sumergido posible. Para ello daba un periodo para que voluntariamente aflorara, que finalizaba el próximo 30 de junio. A partir de esa fecha, se aplicarían sanciones aumentadas a las empresas que no hubieran declarado sus irregularades.

Esas eran las intencios. Los empresarios y los sindicatos añadieron los peros. Los primeros porque consideran las sanciones excesivas; los segundos porque entienden que se perjudica a los trabajadores y se beneficia a las empresas.

Ahora le toca al Gobierno ejercer de rey Salomón y contentar a todos. Como siempre, todo quedará a medias tintas.