Si todo va bien y no hay un último percance de última hora, el Consejo de Ministros aprobará este próximo viernes la tan deseada Ley de Economía Sumergida, con la que el Ejecutivo pretende hacer aflorar todo lo que escapa del control de Hacienda, de la Seguridad Social y de las estadísticas del antiguo INEM y de la EPA.

La economía sumergida, que mueve cientos de miles de millones en nuestro país (se ha llegado a hablar en algunos prestigiosos estudios de coyuntura económica que ronda el 20% del PIB, esto es unos 200.000 millones de euros), es una de las muchas asignaturas pendientes de España y de todos los gobiernos que han pasado por Moncloa. Fórmulas ha habido y habrá, pero las más utilizadas han partido siempre de Hacienda y su lucha contra el fraude, que año a año va incrementando sus ingresos por este concepto, pero solo a base de dar “palos” a los que se pilla.

Ahora el Ejecutivo, según acordó con empresarios y sindicatos –con sus más y sus menos en la negociación- quiere hacer borrón y cuenta nueva, aunque un poco sui generis, ya que dará de plazo hasta el 30 de junio próximo para los que están “sumergidos” salgan a la superficie, aunque pagando los seis últimos meses de Seguridad, con independencia de que las empresas hayan estado funcionando diez años o uno.

Basta saber, a tenor de la lentísima recuperación económica, si habrá muchos que quieran fotografiarse o seguir poniendo velitas al patrón de los imposibles para esquivar al Fisco. La que saldrá beneficiada, en todo caso, será la Seguridad Social en vísperas de ser reformada, y el propio erario público porque le llegaran nuevos ingresos de esas nuevas empresas puestas al día. No obstante, se antoja que lo que pueda sacar Hacienda a esas sociedades será calderilla para reducir el déficit público. Aunque si realmente se aflorara la inmensa mayoría se podría reducir el déficit público -según los expertos- cerca de un 4,5%, mientras que Hacienda recaudaría alrededor de 30.000 millones más al año.

Pero además surgen dudas sobre la efectividad de esta medida por lo que al empleo se refiere. Evidentemente con aquellas empresas que se “confiesen” se incrementará el empleo, al tener que dar de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores, aunque difícilmente hará descender el paro, dado que muchos de esos trabajadores no están dados de alta como desempleados. Aunque aquellos que están dados de alta en el paro, al legalizar su situación se borrarán de las listas de desempleo.

Pero también habrá empresas que a “si se las pilla” no podrán afrontar los pagos que exige el Estado y tendrán que dar el cerrojazo definitivo (como si hubiera habido pocos con la crisis), y entonces sus trabajadores, que no figuraban dados de alta como población activa, pasarán a engrosar las listas del paro, lo que podría ser el origen de un nuevo repunte en la tasa de desempleo. ¿Será esta la causa por la que se superen los cinco millones de parados como vaticinan algunos expertos y los sindicatos?

Habrá que esperar hasta después del verano de la eficacia de esta nueva Ley, aunque se trata de empresas que escapan del control no solo de Hacienda y de la Seguridad Social sino de las propias organizaciones  empresariales y sindicales, con lo que el acuerdo tripartito no parece que pueda dar tantos frutos como los alcanzados hasta ahora.