José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aprovecha su intervención en el curso de la Apie en la UIMP de Santander para criticar públicamente al Gobierno por no darle los medios suficientes para realizar su trabajo. Recuerda que su misión es neutralizar la presión de las grandes empresas y también del poder político cuando suponga ir en perjuicio del interés general.

Las críticas del presidente del organismo regulador de la competencia en España, creado en 2013 por el Gobierno del PP, se hacen más agudas cuando afirma que impiden «retener y atraer el talento en cuanto a personal». Marín considera que el grado de libertad que se refleja en la Ley de Competencia se ha cercenado, porque aunque exista la dotación presupuestaria, está «atado de pies y manos» cuando tiene que cubrir bajas. «Tengo dotación presupuestaria, pero cualquier movimiento me lo tiene que autorizar Hacienda, como si Competencia fuera una dirección general de un ministerio», explica.

El presidente de la CNMC desvela que este regulador ya ha comenzando a poner multas de hasta 60.000 euros a los directivos de empresas que han realizado acciones contra la libre competencia. Marín precisa que el objetivo no es tanto la sanción económica, sino enviar a las empresas el mensaje de que hay responsabilidades personales y que la sociedad española tiene derecho a conocerlas.

Veto en los concursos públicos

Competencia quiere que se haga efectiva la norma, que entró en vigor en 2015, respecto a que una empresa que ha cometido acciones contrarias al libre mercado no pueda presentarse a concursos públicos.

Marín Quemada considera que este veto será un arma crucial para luchar contra los cárteles, porque así se impedirá que cometer el delito contra la competencia sea más rentable que el castigo.

También plantea que no tiene sentido que las tarifas del gestor de aeropuertos Aena se fijen por el Estado, que controla el 51% de la compañía, después de que sacara a Bolsa el 49% el año pasado.

Señala que prohibir por prohibir no tiene sentido,  en referencia a las quejas de los taxistas sobre Uber: «El gesto de levantar la mano para pedir un taxi ya no se utilizará. Sabemos lo que hay y queremos decir que es una oportunidad de negocio; hay que adaptarse: también los reguladores, también Bruselas». Cree también inviable la prohibición de los apartamentos turísticos en Canarias.

Competencia ultima el informe sobre las comisiones de los bancos por el uso de las tarjetas y los cajeros automáticos. Competencia se acogió a la disposición adicional segunda de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, para solicitar por sorpresa a todas las entidades financieras una serie de informaciones relevantes para conocer de primera mano que acuerdos han alcanzados cada banco sobre las comisiones que se aplican a los clientes por el uso de los cajeros ajenos, y para averiguar si las tasas que aplican están justificadas con el coste del servicio.

Marín Quemada cree que la reducción del número de bancos conduce a una subida de precios, como está ocurriendo en el sector de las telecomunicaciones, en el que ha constatado un incremento de tarifas tras reducirse a tres grandes compañías. «¿Cuántas compañías de telecomunicaciones caben en España?. Había cinco, luego cuatro y ahora tres, un número que pone de los nervios a cualquier autoridad de competencia. Y estamos viendo subidas de precios desde que son tres compañías. La reflexión para los bancos es la misma», argumenta.

Sobre el riesgo de oligopolio en el sector financiero, el presidente de Competencia precisa que están la internacionalización y, sobre todo, la irrupción de la digitalización, que hacen que el tamaño de los mercados ya no esté limitado a las fronteras físicas de los países.

Marín subraya que Competencia trata a la banca «como a cualquier otro» sector: «Nos da lo mismo que sea un banco, una compañía de automóviles, la Comunidad de Madrid o de Canarias, o incluso el Gobierno de la nación». Precisa que la responsabilidad y el deber de Competencia es emitir informes sobre proyectos normativos, pero que depende del Gobierno seguir o no dichas recomendaciones. «Gobernar es muy difícil», señala, pero «nosotros, como organismo regulador de lso mercados y de la competencia, decimos lo que pensamos».

El presidente de la CNMC insinúa que la ausencia de las compañías eléctricas del registro de ‘lobbies’ habilitado por este organismo puede enturbiar la interlocución de las compañías con Competencia. La inscripción en el registro de grupos de interés es «absolutamente voluntario», pero precisa que si las eléctricas no se han registrado, tampoco se han suscrito a las recomendaciones pedidas en las relaciones con Competencia. «Para nosotros no es igual que alguien nos venga a ver sin haber firmado nuestro código ético».

Marín Quemada recuerda que entre los cinco primeros que se inscribieron en el registro había compañías extranjeras, «porque hicieron con naturalidad lo que hacen en sus países». «Tenemos la enorme responsabilidad de ser la primera institución del Estado en sacar un registro de grupos de interés con un grupo muy abierto. Y 250 inscripciones en las primeras semanas no es mala marca», concluye.