El Banco de España presentó el año pasado 113 denuncias por actividades de entidades supervisadas o por eventual utilización de denominación o por ejercicio de actividades reservadas a entidades de crédito. Además, atendió 2.190 peticiones de información y de colaboración de juzgados y tribunales, jueces penales y fiscales “respecto a conductas presuntamente delictivas”.

“El incremento en la actividad judicial del Banco de España responde a una mayor litigiosidad general en el sistema financiero. Afortunadamente, el control judicial logra el restablecimiento de la justicia”, interpreta Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en Derecho bancario y financiero.

En el ámbito de la idoneidad de altos cargos, el Banco de España abrió el año pasado 437 expedientes: 266 a entidades de crédito, 88 a establecimientos financieros de crédito, 45 a entidades de pago, 178 a entidades de dinero electrónico, 14 a sociedades de tasación y 4 a establecimientos de cambios de moneda.

“Este control es fundamental. La honorabilidad es un requisito básico para el ejercicio de la actividad bancaria. Pero también la profesionalidad. Las entidades deben vigilar mejor sus mecanismos de entrada y depurar comportamientos no éticos o faltos de profesionalidad”, explica Navas.

Las quejas por publicidad de los bancos se elevaron un 32%. Fueron 196 las personas o entidades que reclamaron de la autoridad supervisora el cese o la rectificación de los anuncios comerciales de los bancos. “El incremento tan sustancial da cuenta de la hiperagresividad de las entidades que buscan la rentabilidad no por la actividad y la eficiencia en el cálculo actuarial del riesgo sino en una publicidad que provoca rechazo social y quejas ante la autoridad”, señala Navas.

Atención a las hipotecas

En el primer ejercicio completo de trabajo del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones, la atención se centró en el ámbito hipotecario. Hubo 8 inspecciones ‘in situ’ para controlar la previsión de contratación y la aplicación de las ‘cláusulas suelo’. Además, se practicaron 2 inspecciones ‘in situ’ para la aplicación de las medidas de protección de los deudores sin recursos contempladas en el Real Decreto Ley 6/2012.

Esta labor se completó con 3 supervisiones a compañías de crédito de consumo, y 63 actuaciones y una supervisión completa de los 226 servicios de atención al cliente. El resultado fueron 7 escritos de requerimiento, 27 recomendaciones y observaciones, y una propuesta de incoación de expediente sancionador.

En 2015 se incoaron 4 expedientes sancionadores. Dos contra entidades de pago y sus respectivos consejos de administración por incumplimiento de la gestión contable, insuficiencia de sus recursos propios e incumplimiento de sus obligaciones de salvaguarda de los fondos de los clientes. Otro a una sociedad limitada (SL) y a su administrador único por usar el término “bank” sin tener ficha bancaria. Y el cuarto, contra un establecimiento financiero por su deficiente información precontractual.

Además, se finalizaron 7 expedientes abiertos en 2014 que terminaron en sanción. Tres a entidades de pago que incurrieron en irregularidades de la normativa del sector. Se sancionó a las entidades y a sus cargos administrativos. Además, se sancionó a una sociedad de garantía recíproca por mantener durante más de 6 meses menos del 80% del capital mínimo reglamentario. De los 48 cargos directivos, se sancionó a 37.

También se multó a una cooperativa de crédito por incumplimientos de su obligación de transparencia y protección del cliente. Y por último, se sancionó a dos entidades y a dos administradores de una de ellas por realizar actividades reservadas a entidades supervisadas.

Por último, uno de los expedientes del 2014 abierto contra una cooperativa de crédito ha quedado suspendido por encontrarse en el ámbito penal.

“Toda esta actividad del Banco de España revela la eficacia de la ‘policía bancaria’, pero también la necesidad de que las propias entidades tomen conciencia de la urgencia de un comportamiento ético en el mercado”, apunta el socio-director de Navas & Cusí.

Las reclamaciones presentadas en 2015, 20.262, siguen multiplicando por 4 las existentes antes de que estallara la crisis. A las reclamaciones hay que sumar las 38.804 consultas recibidas. “El consumidor bancario es cada vez más consciente de sus derechos y los hace valer. Un síntoma de la madurez de nuestra sociedad”, concluye Juan Ignacio Navas.