La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo ha pedido al Tribunal Constitucional que analice si la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, incurrió en responsabilidades penales por incumplir sus resoluciones al permitir la votación y aprobación de la resolución que autoriza debatir sobre la «desconexión» de Cataluña.

Esta petición se enmarca dentro del incidente de ejecución que el Gobierno ha pedido a la Abogacía del Estado que presente ante el Tribunal Constitucional por la resolución aprobada esta semana por el Parlament, que pide que sea declarada nula y suspendida de forma «inmediata».

Tras la reunión del Consejo de Ministros, Santamaría ha explicado que la actuación del Gobierno busca la nulidad y suspensión de la resolución del Parlament, un requerimiento personal a Forcadell y el resto de miembros de la Mesa de la Cámara para que se abstengan de realizar cualquier iniciativa relacionada con esa resolución y que el TC deduzca testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a Forcadell por incumplir el mandato del Alto Tribunal.