Con el Partido Popular ayuno de reflejos para sustituir al de Pontevedra, un hombre que lleva 28 años mandando en el partido y tiene todos los armarios llenos de cadáveres, al PSOE de Pedro Sánchez no le queda otro remedio que facilitar su investidura por sentido de Estado y patriotismo constitucional. Tiene Mariano Rajoy razón en que desde la Segunda Guerra Mundial no se ha registrado en país alguno la situación de bloqueo gubernamental e institucional que desvivimos en España. Su amenaza de ir a unas terceras elecciones si no le dejan pasar ha calado entre los socialistas, comenzando por la presidenta del partido y vicepresidenta segunda del Congreso, Micaela Navarro. En el PSOE son conscientes de que ese es el único relato de Rajoy y, dado su talante campanudo y el cierre de filas en el PP, al final no les quedará otro remedio que transitar del no a la abstención.

Después de cuatro reuniones con Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, Rajoy ha fijado por fin fecha de investidura. El pleno del Congreso comenzará el martes, 30 de agosto, se votará el 31y si no alcanza los 176 votos de la mayoría absoluta, se repetirá la votación dos días después, el 2 de septiembre, para salir investido por mayoría simple. Si la negociación con C’s no se tuerce después de que el PP haya aceptado las seis condiciones profilácticas que le ha endosado Rivera, el líder del PP y presidente del Gobierno en funciones contará con 169 votos favorables (137 de su partido y 32 de C’s), a los que puede sumar el de Ana María Oramás, de Coalición Canaria. Con esos 170 votos bastaría con la abstención de 11 diputados para que saliera investido en segunda votación por mayoría simple.

Ese es el esfuerzo (11 abstenciones) que se le pide al PSOE, habida cuenta de la incapacidad del candidato de obtenerlas de sus afines ideológicos del PNV y del Partido Demócrata Catalán (PDC), sucesor de la antigua Convergencia de Jordi Pujol y Artur Mas, con los que Rajoy no trata desde hace años. Por eso estamos como estamos. El PDC, con 8 diputados, ni siquiera tiene grupo parlamentario en el Congreso al no haber conseguido el 15% de los votos que exige la ley. Bastaría con que presentaran un recurso a la Mesa para conseguirlo, pero su dirigente Francesc Homs no lo ha hecho. La opción del victimismo es muy rara cuando, como en este caso, están perdiendo dinero.

Para el PSOE no sería un drama pasar del no a la abstención –algo que, en buena lógica, debería decidir el Comité Electoral– si tenemos en cuenta que con 85 diputados puede poner en práctica y realizar desde la oposición algunos puntos esenciales de su programa electoral. No es poco hacer saber a los electores socialistas que Rajoy gobierna pero no decide. Ahora manda el Parlamento. Y según apuntan al cronista varios diputados “susanistas” (partidarios de Susana Díaz)  están en disposición de anular los aspectos más lacerantes de la reforma laboral y los más injustos de la educativa que el señor Wert pactó con la Conferencia Episcopal y el PP impuso por mayoría absoluta.

Eso sin contar con la coincidencia con C’s en las medidas de higiene democrática impuestas al PP y otras tan necesarias como la revisión del sistema público de pensiones para garantizar la suficiencia y del sistema de dependencia para, entre otras materias, aprovechar y dignificar la ancianidad y el filón de empleo digno que la asistencia a las personas mayores representa. Investido Rajoy, su primera obligación será negociar el Presupuesto de 2017, para cuya aprobación los socialistas serán también decisivos, salvo que el de Pontevedra retome el sendero de la burla y en lo atinente a los privilegios y la cartera no tenga inconveniente en pactar con sus afines ideológicos aunque sean secesionistas.