La sala de lo social del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la patronal de contact center ACE en relación a los derechos de guarda legal de menores en el sector de teleoperadores, un área con mucha presencia de mujeres trabajadoras. En su sentencia, el tribunal entiende que los trabajadores de este sector podrán disfrutar de la reducción de jornada sin más restricciones que las establecidas en el convenio del ramo.

La sentencia, que es firme, “consolida”, según UGT, la conciliación familiar entre los trabajadores de los servicios de contact center.

Por otro lado, el sindicato denunció nuevos obstáculos en la negociación del convenio colectivo entre ACE y los principales sindicatos del sector dentro de un proceso que ya ha provocado la realización de tres huelgas en apenas un mes, la última de ellas de 24 horas de duración.

El Supremo desestima el recurso de casación presentado por la patronal. Y pone fin así a un largo conflicto entre la patronal ACE y los sindicatos con más presencia en el sector: UGT, CCOO, CGY y otros.

En esta batalla judicial, los empresarios pretendían restringir el derecho de los trabajadores a disfrutar de una reducción horaria por motivos de guarda legal de los menores de 12 años o personas con discapacidad. Los patronos pretendían que solo pudiera disfrutarse de ese derecho dentro del horario habitual que el trabajador venía realizando con anterioridad.

Sin embargo, la sentencia del Supremo, fechada el 15 de septiembre, amplía las opciones de esa concreción horaria; admite incluso que modificar la distribución semanal o incluso anual de la jornada; y hasta establecer turnos fijos aunque el trabajador viniera realizando turnos rotatorios con anterioridad.

Batalla judicial

En 2015 el Tribunal Supremo estimó la demanda interpuesta por el sindicato UGT contra la empresa de ‘contact center’ Transcom. La sentencia del Supremo se unía así a una sentencia previa de la Audiencia Nacional que reconocía el derecho de los trabajadores de Transcom a disfrutar de la reducción de jornada por guarda legal de menores sin más restricciones horarias que las recogidas en los artículos 32 y 33 del convenio colectivo del sector.

En concreto, la sentencia de la Audiencia Nacional negó que las empresas puedan obligar a los trabajadores a concretar la reducción de horario dentro de su jornada ordinaria diaria, informa UGT.

Según el sindicato, algunas empresas del sector de contact center interpretaron que “la cosa no iba con ellas” y que la aplicación de la sentencia solo afectaba a Transcom.

Entonces, el sindicato presentó una nueva demanda, exigiendo a la patronal del sector ACE el cumplimiento de la sentencia sobre reducción de jornada en todas las empresas.

En definitiva, el Supremo reconoce ahora “el derecho de los trabajadores a que la concreción horaria de la reducción de jornada por guarda legal se disfrute sin más requisitos o limitaciones que las que aparecen contempladas en los artículos 32 y 33 del convenio colectivo de contact center”, explican desde el sindicato.

“Los tribunales han vuelto a darnos la razón”, afirman en fuentes de UGT. “La sentencia es firme. Y todas las empresas del sector deberán asumir este derecho que conseguimos en convenio y que han avalado los jueces”, añaden.

El sindicato se muestra “satisfecho” con el pronunciamiento judicial. Y afirma que de este modo se consolida una “mejora” que fue lograda en el convenio colectivo vigente. Un derecho, concluyen, al que no piensan renunciar en la negociación actual del nuevo convenio.

“Problemas de agenda”

En este sentido, la negociación del nuevo convenio colectivo ha tropezado con nuevos problemas. Después de las tres jornadas de huelga en septiembre y octubre en el sector – la última de 24 horas –, la patronal ACE suspendió la reunión prevista el pasado 20 de octubre “por problemas de agenda”, afirman en fuentes de UGT.

En este sentido, el sindicato amenaza con “nuevas movilizaciones” en caso de que la patronal mantenga sus pretensiones en esta negociación. Unas pretensiones que desde UGT califican de “recortes” de derechos de los trabajadores de un sector que da trabajo a 70.000 trabajadores en toda España.