Una vez que el Congreso de los Diputados ha apoyado por mayoría, con la oposición del PP y de Foro Asturias, la tramitación parlamentaria de una proposición legislativa socialista para “suspender” el calendario de aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), en aquellas medias que todavía no han sido aplicadas, tales como las evaluaciones finales  de ESO y Bachillerato, popularizadas como “reválidas”, comienza una nueva etapa.

El Gobierno ha anunciado por medio de su ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, que se aprobara un decreto ley para suspender automáticamente el efecto académico de las mencionadas evaluaciones hasta que se llega a un pacto educativo. Entiende el Ejecutivo que es una fórmula más  más rápida que la del PSOE, que «no tiene efectos jurídicos inmediatos».

En efecto, el  Pleno del Congreso de este martes ha aprobado iniciar la tramitación parlamentaria de una proposición legislativa del grupo socialista para comenzar a tramitar la «suspensión» del calendario de implantación de la Lomce y su sustitución posterior por otra ley. La iniciativa, a la que además del PP, se ha opuesto el Foro Asturias, ha salido adelante con 208 votos, 133 en contra y 2 abstenciones La proposición  pide la paralización de las normas de desarrollo de la Lomce que aún no hubieran tenido vigencia o aplicación efectiva, como es el caso del real decreto que regula las pruebas de evaluación  final de ESO y Bachillerato. Asimismo, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales, según la propuesta socialista, un proyecto de ley básica de educación que suponga la «derogación» de la Lomce, tras un proceso de «negociación y diálogo» con las autonomías, la comunidad educativa y las fuerzas políticas.

Este proceso será largo, ya que se debatirá como proyecto de ley ordinario, ya su trámite, debate y votación de las enmiendas en la Comisión de Educación puede demorarse cuatro meses. El ministro de Educación quiere ganar tiempo y minimizar los efectos de la votación en el Congreso, y para ello ha convocado una conferencia sectorial –formada por el Gobierno y las comunidades autónomas– el día 28 de este mes con el fin de alcanzar un acuerdo para suspender los efectos académicos de  las evaluaciones prevista en la Lomce hasta que se llegue al ansiado pacto educativo de Estado, al que se ha comprometido el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Si se cumplen las previsiones, el Gobierno aprobará un decreto ley en las primeras semanas de diciembre para suspender de manera inmediata los efectos académicos de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato.

Durante el debate de la iniciativa socialista, el PSOE insistió en que no se trata de suspender los efectos de las «reválidas», sino de suprimirlas. Su portavoz, Ramón Cruz, indicó que la Lomce es una ley «profundamente ideológica», la concepción del PP de la educación y de la sociedad misma: «Regresiva, elitista, excluyente segregadora, confesional y recentralizadora». Entiende, además que se aprobó sin consenso y que su calendario  es «inasumible» tanto para las comunidades como los propios centros. Finalmente, insistió en la a oposición «frontal» a todas las pruebas finales de la Lomce, aunque el PSOE está comprometido una nueva etapa y trabajará para conseguir un pacto social y político. Para el diputado socialista, el pacto debe ser de todos, pero no puede basarse en la Lomce, ha recalcado.

Por su parte, la portavoz del PP, Sandra Moneo, apeló a un debate serio más allá de “fundamentalismos” y “estereotipos”, pues no es intención de su grupo dejar a nadie fuera de un pacto.

Moneo expresó su sorpresa por la propuesta socialista cuando se está trabajando para constituir una subcomisión que debata todos estos asuntos y resaltó el compromiso del Gobierno y del PP para un pacto como demuestra la «paralización» de los efectos académicos de las evaluaciones finales y la convocatoria de una sectorial de Educación.

En el caso de Unidos Podemos, no basta con derogar una parte de la Lomce o retrasar su aplicación, sino que defiende su completa supresión. La iniciativa socialista es «insuficiente y se queda a medio camino», indicó.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Marta Martín se sintió avergonzada de un debate «partidista» que mira al pasado y apoyó la toma en consideración porque, en su opinión, en el Pleno se votaba la derogación de la Lomce. Hizo mención del acuerdo, primero con el PSOE y luego con el PP, para «congelar» el calendario de las medidas que no hubieran entrado en vigor y luego buscar el pacto.

El resto de los grupos expusieron su desacuerdo con la Lomce. Así, Joseba Agirretxea (PNV) la calificó de «artefacto jurídico y legislativo» y deseó que «desaparezca pronto» porque «no vale para la sociedad vasca». Miriam Nogueras (PDC) dijo que  la «ley Wert» está hecha para «españolizar a los alumnos catalanes», por lo que pidió pararla. Joan Baldoví (Compromís) criticó las «reválidas» asegurando que mantienen un «modelo anticuado». Oskar Matute (Bildu) no quiere ninguna ley ni un pacto nacional educativo que venga de la «centralización». Y Ana María Oramas (CC) señaló que la educación «excede a un gobierno, a una legislatura o a una ley como la Lomce» y tachó de «disparate» las «reválidas».

Por el contrario, Foro Asturias defendió la actual ley. Su portavoz, Isidro Martínez Oblanca, ha dicho que la iniciativa socialista «rezuma irritabilidad y voracidad por el control de la enseñanza».

La toma en consideración de la proposición del PSOE para frenar la aplicación de la Lomce es la primera votación de proposición de ley que pierde el PP, frente a socialistas, Podemos, Ciudadanos y los partidos independentistas y nacionalistas, desde la investidura de Mariano Rajoy.

De la Lomce  queda por implantar la “reválida” de cuarto de la ESO y de segundo de Bachillerato. Es decir, que si no hay una reforma legal, este curso habrá “reválidas” sin efectos académicos y la Selectividad será semejante a la actual.