Ya con el nuevo Gobierno en marcha, el rey Felipe VI el Preparado abre por fin la duodécima legislatura desde la restauración democrática y serán dignas de tener en cuenta sus recomendaciones sobre las relaciones con Cataluña, la responsabilidad política y la honradez en la vida pública. Ya es sabido que los políticos han de dar ejemplo, buen ejemplo, a los ciudadanos. Y que en los tiempos que corren, con jabalís de plató y burricie al por mayor, todo cuanto se diga exigiéndoles ética y altura intelectual será poco. El uso del poder conlleva responsabilidad y preparación tanto para elaborar las normas como para manejar los bienes y el dinero del común. De ahí que en la legislatura recién estrenada, se hayan producido ya las primeras correcciones.

En efecto, el martes, 48 horas antes de la apertura solemne, la mayoría de los grupos tomaron en consideración una proposición de ley del PSOE que suspende la aplicación de la LOMCE que el exministro y hoy embajador ante la OCDE, José Ignacio Wert, pactó únicamente con los obispos. La ley educativa imponía las reválidas de los tiempos de Villar Palasí y se inspiraba en la segregación de los más pobres, con menos o muy pocos medios para estudiar, laminando, de hecho, el principio de igualdad de oportunidades. Era un abuso a todas luces, menos a las del PP, que se quedó solo votando en contra de la suspensión de la norma como primera medida para sentar las bases del anhelado pacto educativo. Aunque el ministro Iñigo Méndez de Vigo anunció que suspenderá las revalidas por decreto, el Gobierno sufrió la primera derrota de calado.

La segunda llegó el miércoles, cuando los socialistas, presionados por UP, decidieron no asumir la presencia del exministro Jorge Fernández Díaz como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y ante la insistencia del PP de mantener su candidatura, anunciaron la presentación de un candidato alternativo. La figura de Fernández Díaz no parece de recibo por “sus desatinos, filtraciones abusos de poder como ministro”, según dejó claro el portavoz del PSOE, Antonio Hernando. A esto se añade el hecho de que haya sido reprobado por el Congreso y esté sometido a una comisión de investigación parlamentaria por la utilización de los instrumentos del poder, en este caso, la policía y la fiscalía del Estado, para perseguir y desprestigiar a los adversarios. El PP vio las orejas al lobo y suspendió la votación para orillar al ínclito y, si acaso, que presida otra comisión como la del Tribunal de Cuentas del Reino.

Luego ya, los principales grupos parlamentarios votaron a favor de una iniciativa del PP para abordar una de las peores lacras que padece nuestra sociedad y en la que tanto la educación como la didáctica política son esenciales. Se trata de la violencia de género. Aunque el problema es formidable y requiere el compromiso de todas las instituciones y agentes políticos y sociales, la creación de una “subcomisión” sugiere que para algunos se trata de un “subproblema” que puede ser aparcado y abordado cuando proceda con unas “submedidas”. Habrá que prestar atención a la actividad de esa subcomisión, cuando se forme y comience a funcionar. De momento, el verdadero problema para el Ejecutivo de Rajoy en minoría es la búsqueda de apoyos para aprobar el “techo de gasto” y el Presupuesto de 2017. Los socialistas dicen que todo dependerá de lo que ofrezca Cristóbal Montoro a las autonomías en el reparto de los 3,1 puntos de límite del déficit público y, naturalmente, de la tarta de los impuestos.

Mientras se celebra la solemne apertura de la legislatura, a la que los 9 diputados de ERC no asistirán porque no quieren ni oír al Rey, las quince indisciplinadas señorías socialistas (7 del PSC, 6 del PSOE y 2 independientes en el grupo parlamentario) que votaron “no” a la investidura de Rajoy, se mantienen a la espera de que el jueves por la tarde, la dirección provisional del partido les anuncie las sanciones. Ya se sabe que les caerán multas de 600 euros y que podrían ser apartados de los cargos en las comisiones parlamentarias que les reportan pluses dinerarios entre 1.400 y 600 euros mensuales, según los casos. Alguien cuyo nombre siempre confundo con otro del que nunca me acuerdo dijo una vez que la coherencia y la política son incompatibles. He ahí la prueba.