La reforma del bono que permite que determinados clientes cuenten con un descuento en su factura eléctrica centra la política del ministerio de reciente creación que dirige Alvaro Nadal. Pero no ha sido por una decisión buscada, si bien el tema precisaba de una revisión por la sentencia del Tribunal Supremo que se ha mostrado en contra de la actual financiación de la reducción tarifaria.
Ahora, con la muerte de un señora en Reus a la que se le había cortado el suministro, ha acelerado planes que ya se perfilaban entre partidos de la oposición, especialmente el PSOE y Podemos, aunque los partidos nacionalistas, ya sean los más de izquierda como Ezquerra Republicana, o la nueva Convergencia y PNV se sumarían a iniciativas en función de su contenido.
Nadal, que no quiere verse empujado por la oposición, ya ha tomado dos decisiones: plantear los cambios con los grupos parlamentarios y recurrir la sentencia del Supremo.
En medios del sector se teme que, de una forma o de otra, los nuevos bonos, que también se aplicarían al suministro de gas, vayan a ser financiados por las compañías, sin descartarse nuevas tasas.
Lo que en el sector queda claro es que el panorama actual es muy diferente al de la anterior legislatura y que el Gobierno tiene que buscar, en primer lugar, acuerdos con la oposición. Las empresas no son el interlocutor.
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