Las reválidas quedarán sin efectos académicos. El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo para reformar las pruebas que llevaron hasta la protesta a gran parte del sistema educativo. Las evaluaciones finales de primaria y ESO serán muestrales (no estarán obligados a ellas todos los alumnos) y de diagnóstico mientras que la de Bachillerato, que servirá para entrar en la Universidad, será similar a la Selectividad y acordada entre las comunidades y las universidades.

Todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP y el PSOE mostraron este lunes su apoyo al borrador del nuevo decreto-ley sobre las evaluaciones de final de etapa. Cataluña y País Vasco fueron las comunidades más críticas, al pedir que estas evaluaciones se regulen por normativa autonómica y no sean recogidas en un decreto-ley estatal.

El consejero de Educación de Asturias, Genaro Alonso, que ha informado de la decisión a la prensa, ha dicho que es un «éxito sin precedentes», a la salida de la reunión de la Conferencia Sectorial de esta tarde, que probablemente haya sido la más corta de este tipo, al menos en los últimos cinco años. En su opinión, resulta «muy importante y una muestra de la voluntad de diálogo del ministro» el hecho de que las evaluaciones de Primaria y ESO solo sirvan «como diagnóstico para mejorar el sistema», y no para calificar a los alumnos de forma individual.

Otros cambios significativos, a juicio de Alonso, tienen que ver con la unicidad del título de 4º de ESO (ya no se especificará el itinerario de cada alumno) y el hecho de que las universidades intervengan en el diseño de la prueba de Bachillerato.

Por su parte, el consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, ha señalado que el Ministerio de Educación está abierto a quitar los recursos presentados a las comunidades autónomas que incumplieron las características fijadas para la prueba de sexto de Primaria que fija la Lomce. El que quiera allanar esos recursos «es una muestra fantástica» del ministerio de Educación, ha destacado el consejero del PP.

El plazo del PP para intentar rescatar la LOMCE

El PP tiene hasta el próximo 15 de diciembre para presentar en el Congreso una enmienda a la totalidad, con texto alternativo, a la proposición de ley para paralizar el calendario de implantación de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Ese es el día en que finaliza el primer plazo de enmiendas a la propuesta del PSOE, que en su día contó con el voto a favor de todos los partidos en el Congreso, excepto de los ‘populares’. El reglamento señala que, quien desee revocar una decisión ya tomada por el Pleno, deberá presentar en este periodo un texto alternativo.

El Gobierno del PP llegó a intentar vetar, el pasado mes de octubre, el debate sobre esta iniciativa, al considerar que iba a suponer una pérdida de ingresos de casi 615 millones de euros, provenientes de Fondos Europeos. El Ejecutivo alegaba que la paralización de la LOMCE le llevaría a asumir dicha cantidad de las arcas del Estado, en compromiso con lo invertido hasta ahora por las comunidades autónomas para ponerla en marcha.

Sin embargo, la Mesa del Congreso, con el voto en contra del PP, desoyó este veto del Ejecutivo y permitió tramitar la iniciativa, que, finalmente, fue tomada en consideración durante el Pleno de la Cámara del pasado 15 de noviembre. El ministro Íñigo Méndez de Vigo anunció entonces un decreto ley para paralizar a su modo la llamada ‘ley Wert’, norma que Educación ha debatido este mismo lunes con los gobiernos autonómicos y cuya convalidación también deberá ser votada en el Pleno del Congreso.