La jurista Margarita Robles tenía razón cuando, al comienzo de la legislatura, dijo que nos íbamos a enterar de lo que mandaba Mariano Rajoy en cuanto se apoderara de nuevo del BOE. Después de todo, el jefe del Gobierno, es algo así como el director del periódico que difunde las normas, leyes, contratos, edictos y resoluciones con erratas y sin ellas. Y por el artículo 134.6 de la Constitución, que dispone que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos (gasto) o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”, el Rajoy dialogante hasta la saciedad que vimos en la sesión de investidura, el 29 de octubre pasado, se está poniendo las botas a plantear vetos contra las proposiciones de ley más sociales que han presentado la oposición en el Congreso y también los parlamentos de algunas comunidades autónomas. Quiere decirse que el director del BOE ha colocado una aduana en la puerta para que no entre ni una letra, una sílaba, una palabra, una línea sin que él y su Gabinete lo decidan.

Para que no pase ni una, lo mejor es denegar ab initio la tramitación de las proposiciones de ley. En un mes ha presentado 16 vetos a otras tantas iniciativas de la oposición y ha obligado a la Mesa del Congreso a paralizar su tramitación, es decir, el debate y la aprobación. El argumento en todos los casos es que, de aprobarse, desequilibrarían el presupuesto. Según La Moncloa, la cuantía por pérdida de ingresos y aumento de gasto que supondrían esas iniciativas se cifra ya en unos 5.000 millones de euros. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, protestó el miércoles en el pleno. Le mentó a Rajoy la igura de un tal Montesquieu, le recordó que la soberanía para hacer las leyes reside en el Parlamento y le preguntó si le preocupa más la señora Merkel que lo que piense este Parlamento. A lo que Rajoy replicó que “a mí le señora Merkel nunca me ha dado una orden, y si se la ha dado a usted, dígamelo porque le llamaré la atención”.

Dialéctica tocinera aparte, lo cierto es que el jefe del Ejecutivo no está dispuesto a que se gobierne desde el Parlamento. Y para eso tiene a su disposición una legión de asesores y abogados del Estado, a los que se añade el noble cuerpo de interventores, dependientes del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristobal Montoro. Pero con tan poderosos instrumentos está impidiendo a su vez que se legisle sobre situaciones de injusticia y desigualdad muy lacerantes. A riesgo de hacer aburrida la lectura, les enumero los 16 vetos que el Gobierno lleva interpuestos:

Dos contra las proposiciones de ley del PSOE en solitario y de los socialistas con los demás grupos, menos el PP, contra la pobreza energética; dos del PSOE y el PDEC (antigua Convergencia) para paralizar la LOMCE –fueron desestimados por la Mesa del Congreso–; uno contra la proposición de ley del PSOE para restituir el derecho universal a la asistencia sanitaria; otro contra la proposición socialista de igualdad de los trabajadores de las empresas subcontratadas; dos contra las proposiciones de Ciudadanos y de la Asamblea de Murcia sobre generación de energías limpias para el autoconsumo; uno del Parlamento de Galicia contra el traspaso de la autopista AP-9 a la Xunta gallega; otro contra la proposición de ley presentada en el Congreso por el Parlamento Vasco para crear un fondo de atención a las víctimas del amianto; cuatro vetos contra la supresión de tasas judiciales ante violaciones de derechos humanos fundamentales; otro a la propuesta de C’s de mejora de las prestaciones de la Seguridad Social para la crianza de los hijos; otro más contra la petición del Parlamento de Baleares de apoyo a la internacionalización de pequeñas empresas creadas por emprendedores. Y finalmente, el rechazo de plano a que se tramite una subida del 1,2% de las pensiones en 2017, como reclaman los sindicatos y han planteado todos los grupos menos el PP y C’s.

¿Qué hacer ante tamaño bloqueo legislativo? De momento, pedir informes jurídicos a los letrados del Congreso. Después, probablemente, enviar el asunto a descansar sine die al Tribunal Constitucional. En el orden jurídico es discutible que las medidas supongan descuadre presupuestario por la sencilla razón de que, como dice el socialista Antonio Hernando, no afectan al Presupuesto en vigor. Y en el orden político ya va quedando claro cuál era la voluntad de diálogo y negociación, propalada ad bomitum.

Un ministro me preguntó una vez si era periodista, y le contesté que sí. Quiso saber para qué periódico reportaba y le di el nombre de uno de los más leído de España, a lo que él respondió: “Yo también firmo mucho en un periódico”. No me constaban sus aportaciones periodistas y al preguntarle en cual, añadió: “Firmo mucho en el BOE”. Eso si que es.