Los dirigentes de CiU y de su gobierno están desgranando día a día todo un memorial de agravios de promesas incumplidas por parte del Gobierno central. Como en todo conflicto todos tienen razones y seguramente nadie tiene la razón. Unos reclaman el cumplimiento de unos acuerdos y los otros se niegan a pagar. En el fondo está que tanto la caja del Gobierno, de las autonomías (entre ellas la Generalitat catalana) y los ayuntamientos está almacenando telarañas.

El Govern aplica unos recortes de caballo en los servicios sociales pero ha tenido la especial habilidad de desviar la atención –pese a las protestas y manifestaciones del personal educativo y sanitario- hacia, por una parte, el Gobierno central por no cumplir supuestos compromisos adquiridos y, por otra, a sus antecesores en la Generalitat por la “herencia recibida”. De propina, se benefician electoralmente del servilismo del PSC respecto al PSOE, arma que utilizan profusamente en campaña.

Cuando aún no se ha apagado el fuego por los votos que los 25 diputados del PSC realizaron en contra de que Hacienda adelantara el pago del fondo de competitividad, ahora el conseller de Territorio, Lluis Recoder, abre otro frente: reclama inversiones comprometidas por Madrid para los trenes de cercanías, instalaciones que propician día sí, día también incidentes más o menos graves. Madrid tenía que invertir 2000 millones en mejorar la infraestructura ferroviaria hasta el 2011 y sólo ha ejecutado 133, mientras se comprometió a invertir otros 2000 antes del 2015 y el conseller de Salud, Boi Ruiz, reclama a la ministra de Sanidad 150 millones por atender a enfermos procedentes de otras comunidades.

En este contexto los socialistas catalanes ya empiezan a hablar de sociovergencia tras las elecciones, mientras reciben palos de todos los partidos –incluso el suyo- por haber preferido traicionar su discurso y no haber tenido el gesto en el Congreso de votar diferente de sus socios del PSOE, aunque al menos en Barcelona CiU posiblemente preferiría pactar con ERC (si los números lo hacen posible) y dejar las puertas abiertas a posibles pactos hasta después de las generales.

Engañados por Zapatero

Muchos catalanes, incluso del PSC, se sienten engañados con Rodríguez Zapatero. En el 2008, cuando se negociaba el sistema de financiación, el entonces presidente Montilla aseguró que “José Luis, te queremos mucho, pero queremos más a Catalunya”. También Zapatero prometió –tras los recortes del Tribunal Constitucional al Estatut– que tratarían de cambiar leyes para salvar al máximo la mutilación de este texto. De momento todo esto ha quedado en palabras, como quedaron en palabras la afirmación del actual presidente de que “aprobaré el Estatuto que salga del Parlament de Catalunya”. La credibilidad del presidente en Catalunya está bajo mínimos

Entre los que desconfían de las promesas del Presidente está el propio Artur Mas, que se sintió traicionado por la promesa que recibió en La Moncloa que el PSC aceptaría que gobernara la Generalitat el partido que obtuviera más diputados. Los tuvo CiU y Montilla repitió –hace cuatro años- el tripartito. A cambió de este compromiso CiU aceptó votar en el Congreso un Estatuto “convenientemente cepillado”, como dijo Alfonso Guerra.

Apuesta de futuro

Sin embargo y pese a estos precedentes, a nivel institucional, ambos gobiernos están obligados a entenderse. El problema es que uno de estos gobiernos es pasado y el otro tiene futuro. Por ello Artur Mas condiciona cualquier posible acuerdo de legislatura en Madrid al compromiso de que Catalunya tenga un pacto fiscal similar al de los vascos, tema que tiene el respaldo de la mayoría de fuerzas políticas (el PSC es la única que se opone) y de las instituciones económicas del país. Además Mas cuenta en este tema con un respaldo muy amplio de la población que –con razón o sin ella- se siente discriminada y con frecuencia humillada por las decisiones del gobierno de Madrid. Y los adictos a la definición del subdirector de La Vanguardia Enric Juliana, “català emprenyat” (el catalán cabreado) está creciendo por momentos.

La Generalitat, por otra parte, ya ha condicionado el logro de la reducción de la deuda al 1,3% al cobro del fondo de competitividad. En caso contrario ya anunciado que la deuda no bajará del 2% con lo que será España quien por ello no cumplirá las directrices de Bruselas.