Carlos Aguilar, abogado defensor del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, en el juicio por las tarjetas black, reitera ante el tribunal que las pruebas aportadas por la acusación, fundamentalmente las tablas de excel con los gastos efectuados, han sido «manipuladas» y empleadas «de manera indebida y sin respeto a la buena fe».

Pide la absolución de Blesa, ya que «los hechos no han quedado acreditados y por tanto no se ha demostrado la existencia del hecho delictivo».

Critica que los usuarios de las polémicas tarjetas han visto «laminada» su reputación y su imagen pública, con la intención «de que se les corte la cabeza, como en Alicia en el País de las Maravillas», a causa de un proceso «de origen oscuro» iniciado a instancia del Frob y en el que se han aportado unas pruebas que han sido manipuladas y que por tanto no se pueden considerar legítimas.

La defensa de Blesa subraya que existían acuerdos societarios, como el del 24 de mayo de 1988 (por tanto, antes que el acusado accediera a la presidencia de Caja Madrid en 1996) que amparaban el uso de estas tarjetas, que eran además sobradamente conocidas y cuya contabilización siempre ha sido la misma. Pretender que se trataba de un sistema «clandestino», como sostiene la acusación, es «faltar a la verdad».

«La contabilización de estas tarjetas ha sido exactamente la misma desde mayo de 1988 hasta 2012, nunca se ha variado porque el sistema ha sido el mismo y era perfectamente conocible y accesible a cualquiera que tenía la obligación de revisarlo», argumenta, insistiendo en la línea de responsabilizar del nacimiento de esta práctica al antecesor de Blesa, Jaime Terceiro.

No es una prueba pericial

Ignacio Ayala, letrado del expresidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato, alega que la hoja Excel entregada al tribunal no puede considerarse como prueba pericial, por lo que éste tiene muy difícil probar la culpabilidad de los 65 exaltos cargos y directivos encausados en este proceso.

«Desde el punto de vista jurídico no puede mantenerse que estemos ante un extracto bancario y que constituya un documento mercantil», argumenta. Este documento es un volcado «que ha enseñado un poquito» (insinuanado que no se incluyó toda la información) y que no se corresponde con los datos originales.

La falta de acuerdo entre las acusaciones particulares ejercidas por Bankia y el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (Frob) que reivindican el dinero gastado por las tarjetas pone de manifiesto una «crisis de identidad» que viene a dar la razón a las defensas.

Critica que «nadie se ha entretenido en decir por qué» el uso de las tarjetas presuntamente opacas incurrió en delito continuado de apropiación indebida o administración desleal, que es lo que se le imputa a los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia.