El proceso catalán entra en un momento en que todos se han de definir y dejarse de ambigüedades. En este proceso es inevitable que haya un momento de choque de trenes si las instituciones catalanas mantienen su hoja de ruta y las autoridades del Estado aplican la legislación vigente.

Evidentemente el problema es político y no judicial, pero para el caso en este momento es lo de menos. El gobierno de Rajoy utiliza la palabra diálogo que en su boca está vacía de contenido. El gobierno de la Generalitat, por su parte, hace muchas proclamas independentistas pero no se atreve a dar un paso más jugando con una ya cansina ambigüedad, como decía Artur Mas, hacen trampas en su solitario. El tercero en discordia, la CUP, sí que da pasos para la ruptura, un día quema fotos del Rey, otro no acude a las citaciones de los tribunales…

Ahora el Constitucional suspende la hoja de ruta para convocar una consulta sobre la independencia, iba de oficio, lo que ya no será tan de oficio si la justicia inhabilita a la presidenta del Parlament. Entonces se habrán de definir todos: ¿acatarán las instituciones catalanas la resolución judicial o mantendrán a Carme Forcadell en la presidencia de la Cámara catalana? En este caso ¿qué hará el Gobierno central? Este será el gran termómetro que servirá para clarificar el futuro, al menos momentáneamente, porque guste o no guste hay un sector muy importante de la población catalana que sueña con decidir su futuro.