Con Mariano Rajoy de viaje en Nueva York para asistir a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el último pleno del Congreso de 2016 nos dejó la perla navideña del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis Quecedo, según la cual “vivir y trabajar fuera enriquece, abre la mente, fortalece y permite desarrollar habilidades y adaptarse a un mundo mejor”. Lo dijo por experiencia. Solo le faltó añadir el anuncio del Almendro: vuelve a casa, vuelve por Navidad.

Como ocurre en muchas ocasiones en el Parlamento, donde los diputados de la oposición preguntan por problemas concretos y los ministros responden lo que les conviene y viene en gana, el diputado de Unidos Podemos Pablo Bustinduy, de 33 años, que durante el último lustro se ha ganado la vida rodando por Europa como profesor y en 2015 tuvo un contrato del Parlamento Europeo que le reportó 41.000 euros brutos, quería llamar la atención del ministro Dastis sobre la falta de ayuda del servicio exterior a los a los cientos de miles de españoles expulsados por la crisis allende nuestras fronteras. Y el ministro le contestó que esas personas demuestran una encomiable “amplitud de miras”. Lógico. Podía haber añadido que a la fuerza ahorcan y además aprenden idiomas.

Lo cierto es que ni el Gobierno sabe cuántos españoles se han tenido que ir a buscar la vida a otros países. Bustinduy aportó un dato llamativo que, más allá del colapso de los consulados y de las dificultades para ejercer el derecho al voto, pone en tela de juicio el rigor con el que funcionamos. Resulta que según el Instituto Nacional de Estadística, el año pasado fueron a parar a Reino Unido 11.182 españoles más, pero según la Seguridad Social británica se dieron de alta más de 50.000. Quiere decirse que los españoles no quieren saber nada de la administración española por entender que si para algo sirve es para perjudicarles.

A ese alejamiento no es ajeno el asco y la desafección política, que algunos atribuyen en grado sumo a la corrupción y los privilegios. Para achicarla preguntó Albert Rivera a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría si el Gobierno acepta la modificación urgente de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución para desaforar a los dos mil políticos que no responden ante los jueces ordinarios. Le contestó ésta que el asunto es más complejo de lo que parece, pues hay que tocar muchos palos, incluidos estatutos autonómicos. Rivera quería desaforar ya en el próximo trimestre, y Santamaría le pidió que no corra tanto.

Más que el pacto con los naranjas de C’s, al Gobierno le interesa el acuerdo con el PSOE, la “gran coalición” de hecho. Lo demostró el titular de Hacienda, Cristobal Montoro, cuando anunció que “pronto traeremos las nuevas medidas fiscales (contra el fraude) que hemos analizado con el Grupo Socialista” y, en un ataque de sinceridad, le espetó al portavoz socialista en la materia, Pedro Saura: “Estamos en sus manos para muchas cosas, entre ellas, el fraude fiscal”. Saura se quejó del descenso del personal de Hacienda en 3.000 personas la pasada legislatura y Montoro recordó que en la Agencia Tributria trabajan más de 25.000 profesionales.

La verdad es que el PSOE, sumido en su crisis, sigue arañando algunas mejoras, y así, mientras Montoro y el sevillano Antonio Pradas discutían la reforma de la ley de haciendas locales para permitir a los Ayuntamientos saneados invertir el superávit (4.500 millones de euros este año) en creación de puestos de trabajo, el titular de Energía, Álvaro Nadal, y el portavoz del PSOE, Antonio Hernando alcanzaban un acuerdo que se plasmará en un decreto este viernes o el siguiente prohibiendo a las compañías eléctricas cortar el suministro a las familias en situación de pobreza que no pueden pagar la factura. “Unos protestan en la calle y otros trabajamos para arrancar mejoras”, dijo Hernando para que la gente valore qué oposición es mejor, la de UP o la del PSOE. Luego dirán que no son como niños. En fin. Feliz Navidad.