El informe El sistema público de pensiones en España: situación actual, retos y alternativas de reforma, elaborado por Pablo Hernández de Cos, director general de Economía y Estadística (el antiguo Servicio de Estudios), y por dos investigadores de este departamento, Juan Francisco Jimeno y Roberto Ramos, aplauden las dos últimas reformas de las pensiones (la del PSOE en 2011 y la del PP en 2013) porque «han reforzado sustancialmente la sostenibilidad del sistema”. Pero advierte que “sin modificaciones adicionales de los ingresos”, el principal ajuste se tendrá que hacer mediante una sustancial reducción de la pensión media.

Estos expertos, que como es habitual en este tipo de estudios precisan que sus opiniones «no necesariamente» coinciden con las del Banco de España, argumentan que, en una nueva reforma, lo primero es decidir qué cuantía de pensiones se quiere pagar en el medio y largo plazo. Una vez fijada esa cifra, hay que buscar las fuentes de ingresos de ésta.

Entre las medidas que proponen destaca el control del gasto en esta partida , porque si no habrá «una disminución significativa» de la tasa de sustitución, que es el porcentaje del último salario que representa la pensión pública.

Los expertos del Banco de España recuerdan que la entrada en vigor del factor de sostenibilidad a partir de 2019 supondrá una reducción de las pensiones nuevas. El factor de revalorización, por el que se aplican subidas mínimas del 0,25%, hará que los pensionistas pierdan poder adquisitivo al menos hasta 2025, que es la fecha prevista para que se restaure el equilibrio del sistema, si no se toman medidas.

Otras propuestas que hacen estos expertos son ampliar a toda la vida laboral el período de cálculo de la prestación; reducir el porcentaje de pensión al que se tiene derecho con el periodo mínimo de cotización (actualmente el 50% con 15 años cotizados); incrementar el número de años de cotización que se necesitan para recibir el 100%; retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años; desincentivar más las jubilaciones anticipadas. Hablan incluso de vincular la edad de jubilación a la evolución de la esperanza de vida, entre otros planteamientos.

Ingresos adicionales

La alternativa a una reducción de la cuantía de las pensiones (tasa de sustitución) es, según el estudio publicado por el Banco de España, “la obtención de ingresos adicionales”. ¿Cómo? Incrementando los tipos de cotización a la Seguridad Social (que suponen el 85% de los ingresos), aunque esto perjudicará a la creación de empleo, que es clave para la sostenibilidad del sistema público de pensiones. O utilizando otros impuestos para financiar las pensiones.

Los expertos del Banco de España proponen eliminar los topes de cotización mínima y máximay disminuir las bonificaciones de cotizaciones a la contratación. También crear un ‘suplemento’ en el Impuesto sobre la Renta para financiar las pensiones, como sucede en Francia. O que las pensiones de viudedad y orfandad se paguen con impuestos.

Pero avisan que “podría ocurrir que un aumento de impuestos generales dirigido a financiar las rentas de la población jubilada recayera, en gran medida, sobre la misma población cuyas rentas se pretenden proteger”. Por este motivo, los expertos prefieren incrementar la imposición indirecta para pagar las pensiones, utilizando el IVA.

Al mismo tiempo, el informe del Banco de España señala que “podría tener sentido también extender el papel del ahorro para la jubilación” para completar las futuras pensiones con activos financieros. Sus expertos creen que esta opción es menos vulnerable a los fenómenos demográficos pero, por el contrario, es más sensible a la inflación y a la inestabilidad de los mercados financieros.

Por lo que recomiendan que “cualquier avance en esta dirección se acompañe de una definición paralela de los sistemas prudenciales más adecuados para garantizar la transparencia y la protección de los partícipes”.

Sistema de cuentas nocionales de prestación definida

El documento publicado por el Banco de España no se decanta por ninguno de los modelos de reforma de las pensiones que analiza. Pero critica que «la pensión de jubilación dependa desproporcionadamente del desempeño laboral durante las edades más avanzadas de la vida laboral”.

Por ello, “una vía que puede resultar atractiva” para mejorar la transparencia y la sostenibilidad de las pensiones públicas es “completar la transición hacia un sistema de cuentas individuales nocionales de contribución definida”.

Este modelo consiste en la creación de cuentas virtuales para cada cotizante, donde van a parar sus cotizaciones. En el momento de su jubilación, se estima su esperanza de vida, según un modelo actuarial, y se distribuye todo lo cotizado durante su vida laboral en los años que le queden por delante.

A favor de este sistema, que ya ha sido adoptado por “varios países de nuestro entorno”. En contra, que no resuelve el problema de cómo generar los ingresos necesarios para la financiación, señalan los expertos del Banco de España.

El estudio concluye que, con independencia de los cambios que se apliquen al sistema público de pensiones para mitigar el efecto de la longevidad de los españoles, cualquier reforma de éste «deberá afrontarse desde una estrategia amplia de política económica». Ésta debe incluir la consolidación fiscal, la reducción de la deuda pública, fomentar la creación de empleo, e incrementar la productividad, para lo que hacen falta «reformas estructurales en el mercado de trabajo, los mercados de bienes y servicios, además de en la educación y formación de los trabajadores«.