Recurso por la negación del Gobierno central del pago del Fondo de Competitividad

17/05/2011

diarioabierto.es. El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, ha acudido a la Audiencia Nacional, acompañado por el viceconsejero de Hacienda, Enrique Ossorio, para presentar un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno central de denegar la concesión de los 1.000 millones de euros que legalmente corresponden a la región en 2011 en concepto de anticipos del Fondo de Competitividad.

Beteta ha recordado que el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en junio de 2009 y la Ley del Sistema de Financiación autonómica establecen que se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda para conceder anticipos de los Fondos de Convergencia a las regiones entre 2009 y 2011. Estos sí que fueron transferidos por el Ministerio de Economía y Hacienda a las comunidades autónomas en 2009 y 2010, y que se han denegado sin motivo válido en 2011.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2011 se aprobaron sin contemplar créditos para la concesión de los anticipos por los fondos de convergencia correspondientes a las regiones en virtud del Sistema de financiación de las comunidades autónomas, lo que la Comunidad de Madrid ha considerado como una vulneración de la Ley reguladora del modelo de financiación de las comunidades autónomas.

El consejero ha detallado que el Gobierno madrileño se ha dirigido en varias ocasiones a la vicepresidenta Económica del Gobierno, Elena Salgado, poniéndole de manifiesto que la Ley de financiación autonómica debía cumplirse y que el Ministerio tenía que adoptar las medidas oportunas para hacer posible la concesión a la Comunidad de estos anticipos.

Ante las respuestas evasivas del Estado, el pasado mes de febrero el Ejecutivo regional requirió formalmente a ese Ministerio que procediese a conceder los citados anticipos. La falta de atención del requerimiento por el Ministerio y unas declaraciones argumentando que no se concederán los anticipos por razones jurídicas y económicas, son las razones que llevan al Gobierno regional a acudir a los tribunales.

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