El Gobierno ya ha presentado ante el Constitucional los dos recursos contra sendas decisiones de la Mesa del Congreso de ignorar los vetos que presentó a dos proposiciones de ley del PSOE: una para paralizar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (Lomce) y otra para igualar las condiciones laborales de los trabajadores de empresas subcontratadas.

Desde la investidura de Mariano Rajoy, el Gobierno ha pedido al Congreso paralizar la tramitación de 18 proposiciones de ley de la oposición y de parlamentos autonómicos por considerar que alteran los presupuestos vigentes.

La iniciativa de paralización de la polémica y controvertida Lomce fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados, tiene abierto el plazo de enmiendas, y podría estar aprobada antes de junio.

Según Ep, en sus escritos, el Gobierno argumenta que el artículo 134.6 de la Constitución determina que «toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación», y que al desatender sus escritos, la Cámara Baja ha infringido lo previsto en la Carta Magna y se ha arrogado una competencia que es del Ejecutivo.

Recientemente, el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, explicó que la medida responde a «los derechos constitucionales del Gobierno por los que puede oponerse a cualquier decisión parlamentaria que suponga una caída de ingresos o aumento del gasto, ya que los presupuestos podrían alterarse».  En lo que se refiere a la Lomce, el Ejecutivo de Mariano Rajoy sostiene que su paralización conllevaría dejar de ingresar entre del Fondo Social Europeo (FSE) entre 560,94 millones y 614,96 millones de euros.

Según recuerda, la jurisprudencia del TC tiene asentado que, «para hacer valer su oposición, el Gobierno debe expresar claramente su disconformidad y motivarla», y que sólo se considera «constitucionalmente obstativa» si se refiere al presupuesto en curso. El Gobierno asegura haber cumplido ambas condiciones, pues en su día justificó sus vetos y argumentó la repercusión económica sobre el presupuesto vigente, que es el de 2016 prorrogado en 2017.

El Gobierno pide al TC que «para evitar efectos nocivos al sistema constitucional y la seguridad jurídica», resuelva estos casos «a la mayor brevedad».

Esta decisión del Gobierno introduce una incógnita en el proceso para alanzar un pacto educativo, ya que la paralización de la Lomce, e incluso su derogación,  constituía un importante paso hacia ese acuerdo de Estado.